Un par de maletas llenas de fajos de billetes y una investigación de las autoridades belgas por sobornos a cambio de un trato mucho más dulcificado en el Parlamento Europeo hacia dos regímenes autocráticos, Marruecos y Qatar, con amplios bolsillos para pagar influencias, ha sacado a la luz las grietas en la Eurocámara. El escándalo del Qatargate ―que ha señalado a la eurodiputada Eva Kaili, una de las 14 vicepresidentas de la institución, a su pareja que se desempeñaba como asesor parlamentario, así como al ex eurodiputado Pier Antonio Panzieri― ha sacudido Bruselas hasta la médula y ha derivado en un examen de cómo la Cámara y el resto de las entidades comunitarias, están bajo una presión constante no solo de aquellos que buscan influir con los métodos tradicionales, sino también de esos otros con carteras abultadas y conciencias menos escrupulosas.
El Qatargate ha puesto de relieve también cómo este tipo de acciones se pueden emplear como un ataque a la democracia europea en un momento en el que la UE se ha convertido en un actor geoestratégico clave. Ahora, cuando el escándalo de los sobornos y las sospechas de que podría haber más implicados aún reverbera, crecen las voces que señalan esas grietas en el sistema de control de la Eurocámara, mal equipada para enfrentar el desafío de un mundo en ebullición por las guerras híbrida y con cada vez más actores.
Ya en febrero de este año, un informe de la Comisión Parlamentaria de Injerencias Políticas de la propia Eurocámara apuntaba que había fallos en el sistema de contratación y también agitaba la sospecha de infiltrados. Los controles y los registros son insuficientes, apuntan los expertos y Transparencia Internacional: no hay un régimen de incompatibilidades de las ocupaciones que pueden desempeñar los eurodiputados ni control exhaustivo sobre los viajes que hacen; el registro de los lobbies precisa refuerzo (hay unos12.000 lobistas registrados, pero también estudios que apuntan que la cifra podía ser del doble porque no todos los que hacen cabildeo se ponen la etiqueta); y las puertas giratorias apenas tienen control.
“Hay una grave carencia de normas jurídicamente vinculantes y de aplicación del registro de representantes de intereses de la Unión”, decía el informe de febrero, “lo que hace imposible que se pueda rastrear la representación de intereses procedente de fuera de la Unión”. El documento, incluso, apuntaba a quién podía colarse por esas rendijas de falta de control en una institución con 705 legisladores y miles de asistentes: “Países como China y Rusia, pero también Qatar, Emiratos Árabes y Turquía han realizado enormes inversiones en la representación de intereses en Bruselas”.
El Parlamento Europeo es la única institución comunitaria elegida directamente. No tiene demasiado poder, pero ha terminado por alzarse como una brújula moral y las resoluciones de sus eurodiputados tienen impacto en la reputación de los implicados: sirva como ejemplo Hungría, a cuyo Gobierno defino como “autocracia electoral”. De ahí que este escándalo pueda dañar el prestigio de la UE.
La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ha prometido endurecer los controles y el registro de lobbies, poner coto a las puertas giratorias o establecer un mayor escrutinio sobre las reuniones con representantes de países de fuera de la UE y los llamados “grupos de amistad” con terceros países. Transparencia Internacional, que ha analizado a fondo el tema, señala también la necesidad de incrementar el nivel de protección que deberían tener las denuncias internas.
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Para Alberto Alemanno, profesor de Derecho en la Escuela de Altos Estudios de París, especializado en asuntos europeos, el régimen de incompatibilidades es una grieta estructural: “Los parlamentarios pueden mantener una segunda actividad y solo tienen la obligación de declararla”. Un anuncio que no debe ser aprobado por ninguna comisión. “Hay legisladores que ejercen de consultores o abogados, y apenas hay control sobre eso. Y el poco que hay, es político: una comisión de cinco parlamentarios. Es decir, colegas que controlan a colegas. Además, no tienen la posibilidad de investigar, salvo que lo pida la presidenta”, explica.
Como Alemanno, Emilia Korkea-aho, profesora de Derecho en la Universidad del Este de Finlandia e investigadora de grupos de presión, defienden la actividad del cabildeo como necesaria y legal. “En los últimos años, compañías estadounidenses como Facebook, Google o Microsoft han hecho lobby en la UE. Esto es normal. La UE tiene un papel de regulador global que ha crecido en la última década y es natural que las industrias afectadas intenten hacerse oír”, dice Korkea-aho.
La experta señala que es legítimo y que el derecho internacional ampara que lo hagan terceros países para defender a sus empresas. Eso sí, advierte, los grupos de presión también pueden ser “perjudiciales”. “El Parlamento Europeo ha publicado un informe en el que afirma que la UE debería estar preocupada por las estrategias integradas de grupos de presión que combinan intereses industriales y objetivos políticos exteriores, en particular cuando favorecen los intereses de un Estado autoritario…”, incide Korkea-aho.
Con su vehemencia habitual, el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar, del grupo de Socialistas y Demócratas (S&D), el más tocado por el escándalo de los sobornos y al que pertenecía la eurodiputada Eva Kaili, comparte esa visión. “No se le puede reprochar a un parlamentario que reciba a un embajador. Es nuestro trabajo”, señala López Aguilar, que preside la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Internos. “Ahora… si surge un maletín…”, agrega. El político remarca que la reacción
de la UE ha sido “contundente” a la vez que defiende “la rápida respuesta de la presidenta Metsola”.
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