En busca de una mejor protección para la caza o a los animales

Un claro ejemplo del maltrato y abuso animal es el de Lindor es un podenco andaluz de color marrón claro, casi como un bombón navideño, y de esos dulces toma su nombre. Tiene las orejas muy puntiagudas y una mirada penetrante con la que intenta ocultar su timidez. Camina despacio y con miedo, incapaz de apoyar una de sus patas. Su dueño solía salir a cazar con él hasta que el can se hizo una fractura.

Lindor ha sido operado y se recupera en el refugio de la asociación Galgos del Sur, que cada año recoge unos 400 galgos y podencos abandonados exclusivamente por cazadores, con patas rotas, golpes, malnutrición y hasta disparos, que se elevan hasta los 21.800 si se cuentan los perros de caza acogidos en todas las protectoras de España, según la Fundación Affinity. Esta cifra, de 2021, representa el 13% de todos los perros que se abandonan (unos 168.000), sean mascotas o de caza. Son una minoría pero están en el centro de la polémica: quedarían más desamparados si finalmente se quedan fuera de la ley de protección animal, que ahora se encuentra en plena tramitación parlamentaria. El maltrato a todos los animales (salvo los salvajes) ya está penado por el artículo 337 del Código Penal, pero en los que son utilizados para actividades económicas (como la caza o la producción) esos delitos son muy difíciles de perseguir.

La legislación busca, entre otras cosas, endurecer las penas por maltrato animal —con una reforma del Código Penal—, proteger a todos los vertebrados (también los salvajes, salvo cuando son cazados de manera legal) y acabar con el abandono de mascotas (en 2021, el fin de la temporada de caza fue el segundo motivo de abandono en España tras las camadas no deseadas, según la Fundación Afinitty). La norma ha enervado al mundo rural. “La caza es un factor definitorio [en estas zonas], supone mucho dinero y trabajo que ayuda a fijar población en la España vaciada”, dice Luis Muñoz, veterinario y dueño de una clínica en La Carolina, en Jaén, donde atiende a un 40% de perros de rehalas (grupos de perros de caza). En Andalucía se caza mucho: de las 678.483 licencias expedidas en España en 2020 (último dato disponible, según Transición Ecológica), 217.779 se emitieron en esta comunidad, casi el triple que Castilla-La Mancha (82.165). De los 337.000 cazadores federados, más de 88.000 están al sur de Despeñaperros.

Uno de esos lugares es la localidad jienense que, al estar junto a Sierra Morena, es una zona tradicional de monterías. “Aquí gobierna el PSOE, y también en los cercanos Vilches y Santa Elena, todos pueblos con muchos cazadores. Pero si se aprueba la ley de protección animal, ese voto podría variar”, vaticina Muñoz. Ese voto es una de las claves del enfrentamiento de esta semana entre Unidas Podemos y el PSOE. Los primeros han elaborado una norma que pretende aumentar la protección de todos los animales; los segundos la apoyan, pero quieren dejar fuera a los perros de caza —para los que plantean una regulación específica—, después de las protestas de los cazadores, que se manifestaron contra la ley por miles en marzo en Madrid.

Denuncias por maltrato

“Los perros de caza son los animales más vulnerables y, si sale adelante la enmienda del PSOE, quedarían desprotegidos”, defiende Patricia Almansa, presidenta de Galgos del Sur, la protectora situada en Villafranca de Córdoba, a unos 20 minutos de la capital. “Se suelen abandonar muchos galgos al final de la temporada de caza, en febrero, cuando ya no les valen, y también al inicio, en octubre, porque si la hembra tiene que amamantar en ese momento no puede cazar”, explica Almansa, interrumpida por los ladridos de los 120 animales que la rodean. Hay galgos, podencos, mastines y otros perros de caza. Se abandonan porque no sirven para la caza, o porque están heridos, también porque se escapan. Las 10 hectáreas de la asociación incluyen una gran nave con tres espacios para perreras (para los recién llegados, para los que están en adopción y para los que necesitan tratamiento), así como muchos patios a los que los perros salen dos veces al día.

Cada uno de los que llega aquí tiene una historia. A Clark, un galgo, lo trajo a la asociación otro cazador. En ese momento no había hueco en las instalaciones, así que el hombre se fue y más tarde el animal apareció atado a la puerta del refugio; tenía, además, una pata rota. Glory, una bretona, fue atropellada, tenía una cadera rota y el rabo amputado, algo prohibido en España. Elisabeth Viejo, veterinaria del centro, señala: “Todos los perros que llegan aquí suelen venir desnutridos, con garrapatas, pulgas, enfermedades, tumores… En general, en muy mal estado. Hace poco vino Grupo, un podenco al que le habían disparado en la cara, y la metralla no se puede sacar, aunque sí curar las heridas”.

Reciben avisos de perros abandonados, atados a árboles, tirados a la basura, atropellados. También denuncian a cazadores cuyos canes malviven. Fruto de una de esas denuncias, el Seprona decomisó una rehala en Granada en una situación “dantesca”, cuyo propietario ha sido condenado a 18 meses de prisión. En otra intervención en la misma provincia los agentes encontraron a Danco, un mastín famélico: pesaba solo 25 kilos cuando lo normal son unos 50 y tenía garrapatas y signos evidentes de maltrato. Ahora luce rollizo en las instalaciones de la asociación, a la espera de que lo adopten. Un trabajo similar hace la Fundación Benjamín Mehnert, en Sevilla, que recoge unos 1.100 galgos abandonados por la caza al año. La mayoría se suelen adoptar en países del centro de Europa, más concienciados.

Otro escenario de horror se encuentra en el camino de Carbonell, un carril sin asfaltar muy cerca de la capital cordobesa jalonado por parcelas donde suelen dormir animales. Al final, hay una con decenas de chamizos, muchos de ellos sin luz natural, donde centenares de perros de caza malviven entre el frío y la lluvia, algunos con evidentes signos de desnutrición. “Aquí hay un par de rehalas, y luego muchos perros de caza, los animales están en condiciones de insalubridad, pasan frío, comen poco, siempre están ladrando y mal atendidos”, dice Javier Luna, también de Galgos del Sur, mientras señala uno de los chamizos. El Ayuntamiento de Córdoba no tiene constancia de ninguna denuncia ni de inspecciones al lugar.