Después de cinco días de deliberación, el Alto Tribunal del Reino Unido ha declarado que el acuerdo alcanzado en su día con las autoridades de Ruanda por Boris Johnson y defendido por Sunak es legal: el Ministerio del Interior británico, han concluido los magistrados, puede enviar a los inmigrantes irregulares al país africano, para que se tramite su solicitud de asilo. El primer avión fletado para poner en marcha la polémica solución fue frenado en tierra el pasado junio por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las principales organizaciones humanitarias, la Iglesia Anglicana y hasta el entonces príncipe de Gales, Carlos de Inglaterra, calificaron de inhumana e injusta la política.
“El Gobierno se ajusta a la ley al poner en marcha mecanismos para reubicar en Ruanda a los solicitantes de asilo, y para que sus solicitudes sean decididas en Ruanda, en vez de en el Reino Unido”, ha leído el magistrado Clive Lewis, al presentar la sentencia. “El proyecto del Gobierno (…) ha sido sujeto de un considerable debate público. El papel del tribunal, sin embargo, se reduce a asegurar que la ley se entiende y cumple de un modo apropiado, y que los derechos garantizados por nuestro Parlamento son respetados”, concluye el Alto Tribunal. Los jueces han querido adoptar una decisión estríctamente técnica sobre un asunto que provoca una emoción y un debate político intensos y viscerales en el Reino Unido.
El tribunal ha dado la razón
Sin embargo, a los ochos inmigrantes que recurrieron a título personal el intento del departamento británico de Interior de deportarles. “La ministra del Interior [en su momento, Priti Patel] no ha tomado en consideración de modo adecuado las circunstancias de los ocho individuos demandantes, cuyos casos hemos estudiado. Por esa razón, la decisión sobre todos ellos se reserva, y serán referidos de nuevo a la ministra [hoy Suella Braverman] para refrescar esa consideración”, dicen los jueces.
“Siempre hemos sostenido que la política era legal, y el tribunal nos ha dado la razón”, ha reaccionado la ministra Braverman ante el fallo de este lunes. “Estoy dispuesta a lograr que este acuerdo de colaboración [con Ruanda] funcione. Mi propósito es reanudar cuanto antes la medida, y defenderla ante cualquier desafío en los tribunales”, ha dicho.
Algunas de las organizaciones de ayuda a los inmigrantes y refugiados implicadas en el proceso han anunciado ya su intención de recurrir la decisión ante el Tribunal de Apelación, y, llegado el caso, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A pesar del Brexit, el Reino Unido sigue siendo signatario de la Convención Europea de Derechos Humanos, y sometido por tanto a la jurisdicción del tribunal, a pesar de la constante reclamación del ala dura y euroescéptica del Partido Conservador a desvincularse del tratado.
“Profundamente decepcionada por la decisión del Alto Tribunal sobre los planes de Ruanda. Sigo creyendo que son inhumanos, suponen una quiebra moral y son además impracticables”, ha escrito en Twitter la diputada del Partido Verde Caroline Lucas, una de las más firmes detractoras del endurecimiento en la política migratoria de los gobiernos conservadores. “La idea de comerciar e intercambiar con otros países nuestras obligaciones de proporcionar asilo debe ser abandonada, así como debemos rechazar esta repugnante degradación de los derechos humanos”, ha defendido Lucas.
La política de deportaciones a Ruanda es “injusta en sus principios e irrealizable en la práctica”, ha dicho Enver Solomon, director ejecutivo de la organización UK Refugee Council, “y dañará la reputación del Reino Unido como país que valora los derechos humanos”, ha añadido.
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