El Senado ha aprobado este jueves la reforma exprés del Código Penal —que deroga el delito de sedición y rebaja el de malversación— con la atención pública más pendiente de otros frentes: el sorteo de la lotería de Navidad y la resaca del choque sin precedentes de los últimos días entre los poderes del Estado. Durante el debate, el PSOE ha aprovechado la concentración de focos en el Tribunal Constitucional para pasar de puntillas sobre la reforma penal, una prueba de la incomodidad que suscita entre los socialistas. La supresión de la sedición y la rebaja de la malversación son medidas “arriesgadas”, según reconoció hace días Pedro Sánchez, aunque, en su opinión, necesarias para resolver la crisis territorial en Cataluña generada por el procés. Antes de la votación, que ha salido adelante por 140 votos a favor (PSOE, ERC, PNV, EH Bildu y Més per Mallorca), 118 en contra (PP, Junts, Vox, Teruel Existe, UPN, Cs, PRC, Coalición Canaria, Partido Aragonés y dos senadores independientes) y tres abstenciones (Compromís, Más Madrid y Geroa Bai), el presidente de la Cámara Alta, Ander Gil, ha recordado que el Constitucional había obligado a retirar las enmiendas referidas a la renovación del propio tribunal, que habían sido inicialmente incorporadas a esta reforma legal, “imposibilitando, a juicio de esta presidencia, el pleno ejercicio de las legítimas facultades del Senado”.
Tras fracasar el último intento del Senado para que el Constitucional aceptara que se votaran también esas enmiendas, la Cámara alta ha dado luz verde a una proposición de ley tramitada por el procedimiento de urgencia. El Gobierno y sus aliados han avanzado ya su intención de recuperar el contenido de las enmiendas sobre el Constitucional en otra proposición de ley para poder sustituir a los cuatro magistrados del tribunal que tienen el mandato caducado y que siguen en sus puestos por el bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Pero la reforma que sí llegó este jueves al pleno del Senado afecta de lleno a los dos delitos por los que fueron condenados los líderes del procés, y beneficiará a los dirigentes independentistas aún pendientes de juicio. La sedición (penada hasta ahora con un máximo de 15 años de cárcel) desaparece, y el nuevo delito que, según interpreta el Gobierno, podría recoger aquellos hechos, el de desórdenes públicos agravados, tendrá una pena máxima de cinco años. A su vez, el castigo por malversación sin ánimo de lucro será, como máximo, de cuatro años de prisión, cuando ahora se pueden imponer hasta 12.
El portavoz socialista, José María Oleaga, no defendió expresamente la derogación de la sedición y el cambio en la malversación: dedicó su intervención al incidente del Tribunal Constitucional y al veto de los populares a la renovación del CGPJ, pendiente desde hace cuatro años. “El PP ha presentado un recurso de amparo preventivo, supuestamente para defender los derechos de unos parlamentarios y que ha provocado que se impidiera un debate en las Cortes Generales. El compromiso del PSOE es defender la democracia, la democracia prevalecerá”, dijo, y en ese eje central se movió toda su intervención. Oleaga esgrimió finalmente que el objetivo de la modificación penal es “homologar” la ley a la de otros países europeos y “propiciar la convivencia y el reencuentro”. “Es verdad que hay ciudadanos que tienen dudas, es lógico, pero hay que tener perspectiva. Todo el mundo apreciará que la convivencia en Cataluña ha mejorado”, auguró.
“Sánchez está pagando el precio más alto que nunca ha pagado un presidente del Gobierno”, afirmó, por el contrario, Javier Maroto, portavoz del PP, que instó a los senadores del PSOE a romper la disciplina de voto. “¿Dónde están los socialistas como Javier Lambán o Emiliano García-Page? Todos son iguales que Sánchez”, cargó contra los dos barones que con más contundencia se han desmarcado de la reforma del Código Penal. A pesar de la gravedad del momento que atraviesa España según la derecha, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se incorporó al debate cuando ya llevaba más de una hora. Y solo por periodos cortos: casi todo el tiempo se ausentó hasta que llegó el momento de las votaciones. “No era una cuestión de urgencia, era una cuestión de vergüenza por tramitar una ley como esta un día como hoy. ¿Oyen de fondo a los niños de san Ildefonso?”, incidió Maroto, en alusión a la expectación alrededor del sorteo del Gordo en el Teatro Real, a 450 metros del Senado.
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Aun así, Maroto dejó entrever las dudas que ha suscitado en el PP la estrategia seguida en el Tribunal Constitucional. Fuentes del partido admiten que existe preocupación por el posible efecto aglutinante y movilizador en la izquierda, que se ha unido en la acusación a Feijóo por querer, en palabras de Pedro Sánchez, “enmudecer a las Cortes Generales” con esta maniobra jurídica. Estas fuentes temen que la inédita crisis institucional vivida esta semana se convierta en un bumerán para el PP. Maroto, en todo caso, argumentó: “Pedro Sánchez es un presidente legítimo, para el PP no es un presidente ilegítimo y un okupa. Pero su actitud es una actitud profundamente ilegítima, prometiendo una cosa en campaña y haciendo la contraria: prometió no indultar a los golpistas, no gobernar apoyado en los independentistas, dejar fuera del Gobierno a Podemos para conciliar el sueño… Ha traicionado todo aquello de lo que habló”.
“Lo que el PP y el Constitucional dicen es que esta ley no se puede aprobar así. Es una cuestión de chapuza, de formas”, justificó el senador popular. También dio por hecho que el Gobierno accederá a la celebración de un referéndum sobre la independencia de Cataluña, pese a que es inconstitucional y Sánchez lo ha rechazado de plano. “Necesita colocar a un magistrado concreto, que empieza por Cándido y acaba por Pumpido, para asegurarse de que cuando llegue esa consulta, el Constitucional no sea un obstáculo”, dijo Maroto en referencia al magistrado del tribunal de garantías Cándido Conde-Pumpido, que podría convertirse en presidente del órgano tras la renovación. Varios consejeros del CGPJ propuestos por el PP reclamaron el martes que la vocal progresista Clara Martínez de Careaga quedara apartada del procedimiento por ser esposa de Conde-Pumpido. Su intento no prosperó. “El PP es el instigador del ataque del Constitucional a que le quiten la palabra a los representantes de la soberanía popular. Un partido que celebra esto es un partido que se ha rebelado contra la democracia”, aseveró Pablo Gómez Perpinyà (Más Madrid).
El debate también sirvió para constatar la división que la reforma jurídica genera en el independentismo. “La apuesta de ERC por el diálogo está dando frutos: con la derogación de la sedición conseguimos disminuir la capacidad represiva del Estado”, defendió Mirella Cortès. La senadora de ERC reprochó las críticas de Junts, su socio en el Govern hasta hace unos meses: “La negociación para la desjudicialización del conflicto con el PSOE y Unidas Podemos es una tarea ardua. Si todas las fuerzas independentistas estuvieran acompañando, los resultados serían mucho mejores. Su posición es tan difícil de explicar que ni ustedes mismos la entienden”, dijo. “Desde Junts no vamos a sacrificar el referéndum del 1 de octubre”, había sostenido previamente Josep Maria Cervera.
La formación de Carles Puigdemont, el expresident prófugo en Bruselas, no respalda la reforma penal porque entiende que, a pesar de los cambios en la sedición y la malversación, se reconoce implícitamente que el desafío secesionista de 2017 fue ilegal. “Esta tramitación legislativa no es ejemplo de nada. Nos la vamos a ventilar en una semana… En menos tiempo es imposible”, abundó el senador de Junts. Una crítica compartida por socios habituales del Ejecutivo como el PRC o el Partido Aragonés.
Senadores socialistas no ocultaban en privado su incomodidad, pero también su alivio por el final de una tramitación que ha tensionado al partido. Miguel Sánchez, de Ciudadanos, fue quien se refirió con más claridad al efecto que la polémica política de los últimos días ha tenido sobre la reforma penal, opacando su trascendencia: “Hay un elefante en el Senado. ¿Cómo lo ha ocultado Sánchez a los 47 millones de españoles? Provocando una estampida de elefantes, de bisontes y hasta de ñus. ¡Llevamos una semana hablando del Tribunal Constitucional! Ha sido una maniobra inteligente y maquiavélica, ¡ni el mismísimo Houdini”, afirmó. Un mérito que en el PSOE atribuyeron al PP y a Núñez Feijóo.
Más Madrid advierte de los riesgos para el futuro: “Puerta abierta a la impunidad de las autoridades”
Pablo Gómez Perpinyà, senador de designación autonómica por Más Madrid, intentó introducir, vía enmienda, en el Código Penal un nuevo delito para castigar específicamente —con penas de entre 5 y 10 años de cárcel y otros 10 de inhabilitación— a los miembros del Gobierno de la nación o gobiernos autonómicos, así como a diputados de Cortes Generales o Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, que acordaran o promovieran actos “dirigidos a la consecución de los fines previstos en el delito de rebelión”. Gómez Perpinyà no recibió apoyos a su propuesta y acabó retirándola. En la exposición de motivos, la enmienda de Más Madrid argumentaba que el nuevo Código Penal carece de un “delito institucional de puesta en peligro del Estado constitucional de Derecho, independiente de los actos tumultuarios y violentos para su ejecución”, y eso “deja la puerta abierta a la impunidad de las autoridades que, fuera de las vías legales y con abuso de sus funciones, realicen en el futuro actos institucionales contrarios a la estructura o funcionamiento del Estado constitucional de Derecho”.
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