El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido este martes mantener en vigor el Título 42, una norma instaurada por Donald Trump cuando era presidente, y que permite la expulsión de migrantes en caliente. Trump desempolvó la medida arguyendo motivos sanitarios, al inicio de la pandemia, para evitar la expansión del coronavirus en un momento en el que las fronteras por todo el mundo se cerraron. Casi tres años después, con el virus razonablemente controlado (y las fronteras, de nuevo, abiertas), la Administración de Joe Biden recibe un nuevo varapalo en sus reiterados intentos de derogar la norma. Se trata del último revés judicial que esta recibe en materia migratoria. El Supremo, de mayoría conservadora, ha votado 5-4. La decisión deja a miles de inmigrantes en el limbo.
La noticia es una victoria para la coalición de 19 Estados republicanos que el pasado lunes 19 de diciembre presentaron una moción para que el Supremo aplazara la decisión, que estaba prevista para ese miércoles, de derogar la polémica norma sanitaria que ha sido empleada para controlar el flujo en la frontera Sur de Estados Unidos. Según los gobernadores de esos territorios, lo contrario habría provocado un flujo inmanejable de migrantes, así como “una crisis sin precedentes en la frontera”.
Los jueces del Supremo han anunciado, en una decisión breve, y sin firmar, que estudiarán a fondo el caso el año que viene. La vista oral está prevista para el mes de febrero. Hasta ese momento, las expulsiones en caliente continuarán. Los magistrados han dejado claro que no piensan entrar en el fondo del asunto (cómo tiene que gestionar el Gobierno de Estados Unidos la política migratoria), sino si los 19 Estados republicanos tienen derecho a impugnar la medida. En contra de la medida, han votado los tres magistrados progresistas, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y la recientemente incorporada Ketanji Brown Jackson. A ese bloque se ha sumado uno de los jueces conservadores nombrados por Trump, Neil Gorsuch.
El Título 42 entró en vigor en marzo de 2020. La anteúltima parada en su travesía por los tribunales llegó cuando el juez federal Emmet Sullivan calificó en noviembre la iniciativa de inhumana, al considerar que permitía la devolución de miles de personas a lugares donde les aguardaba una alta probabilidad de ser “perseguidas, torturadas, golpeadas o violadas”. El 16 de diciembre, un tribunal de apelaciones confirmó la opinión de Sullivan y allanó el camino para que la Administración de Biden la levantara, como lleva intentando hacer desde el pasado mes de mayo.
La perspectiva de que la medida perdiera su efecto pocos días antes de Navidad provocó una avalancha de migrantes en la zona de El Paso, en Texas, que llegaron en previsión del fin del Título 42. La medida cautelar decretada la semana pasada por el presidente del alto tribunal, John Roberts, truncó esas esperanzas. La decisión conocida este martes vuelve a cerrar las puertas a muchos de ellos.
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