Este jueves, tres de los cuatro partidos del grupo conocido como G4 —Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, los de mayor representación en el país entre el conjunto de fuerzas opositoras— votarán con el propósito de dejar sin efecto la arquitectura institucional paralela que ha encarnado Guaidó desde el 23 de enero de 2019. Ese día, en virtud de su cargo de jefe de la Asamblea Nacional, asumió también el de “presidente interino”. Lo hizo durante un acto masivo en Caracas, cuando abanderaba la salida del chavismo del poder por medio de la presión política interna e internacional.
El panorama cambia de forma sustancial
Este miércoles una supuesta suspensión de la sesión parlamentaria, luego desmentida por la mayoría de partidos, ha sido la última muestra de la crispación que genera una decisión que supondrá un antes y un después en la estrategia de la oposición para enfrentar a Maduro. En los últimos días, la continuidad del liderazgo de Guaidó ha recogido apoyos entre la sociedad civil, pero el escenario ya fue anticipado una semana atrás, cuando se dio un primer debate sobre las enmiendas del llamado Estatuto de la Transición Democrática. Con las reformas, por un lado, Guaidó, Voluntad Popular —el partido de Leopoldo López— y partidos minoritarios como Encuentro Ciudadano y Causa R buscan lograr una continuidad de la figura del interinato y, por otro, sus críticos plantean salvaguardar los activos que controla la oposición en el exterior a través de comisiones, sin condicionarlo a la existencia de una presidencia interina.
Los números son claros: 72 de 104 exdiputados que respaldaron a Guaidó en 2019 votaron hace una semana a favor de eliminar la figura de gobierno interino y reemplazarlo por un liderazgo de comités. “El gobierno interino no es la razón de ser de la lucha democrática. Fue un instrumento necesario en su momento, pero hoy estamos nombrando una comisión para la protección de los activos”, argumentó el diputado Alfonso Marquina.
Solo 23 parlamentarios rechazaron la idea de eliminar esta figura y calificaron la propuesta como un “golpe parlamentario”. Este grupo considera que de aprobarse el fin del interinato se abriría el camino para “el reconocimiento internacional del Gobierno de Maduro”, lo que supondría un retroceso “en los avances internacionales logrados en todos estos años de luchar por desenmascarar al régimen”, dijo en referencia a las violaciones de derechos humanos denunciadas por Naciones Unidas. En un comunicado, el sector afín a Guaitó pidió convocar una sesión permanente hasta alcanzar un acuerdo unitario.
El Bloque Constitucional de Venezuela, que agrupa a destacados juristas venezolanos, también advirtió de las consecuencias institucionales, políticas, económicas y sociales que acarrearía el fin de esta etapa. Una de ellas, según este grupo, sería poner en vilo el acuerdo sobre el uso de 3.000 millones de dólares de esos fondos venezolanos congelados en extranjero para la atención social, firmado recientemente en las negociones de México. Mediante un comunicado, los exmagistrados Cecilia Sosa Gómez, Román Duque Corredor y el experto en derecho penal Alberto Arteaga Sánchez, entre otros, solicitaron “a todas las organizaciones políticas de oposición iniciar un urgente proceso de dialogo, con miras a solventar todas las diferencias que les separan en esta difícil coyuntura, teniendo siempre presente el mejor interés de los venezolanos”.
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