El presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, ha enviado un escrito al Consejo de Estado solicitándole audiencia para conocer la redacción final que ha llegado al citado órgano consultivo del proyecto de Real Decreto del plan de cuenca del Tajo, que afecta al trasvase al río Segura, del que dependen miles de agricultores alicantinos. El Ejecutivo valenciano teme —aunque reconoce que no tiene confirmación oficial— que el Ministerio de Transición Ecológica haya eliminado la cláusula que salvaguardaría la transferencia de agua más allá de 2025, pactada con Puig.
El proyecto normativo aprobado por el Consejo Nacional del Agua incluía, según la Generalitat, un punto —la disposición adicional novena— esencial para garantizar el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, que, según el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, genera más de 100.000 empleos y cuya industria agroalimentaria aporta 3.000 millones de euros al PIB nacional. Esta disposición propone que a partir de 2025 se evalúe el estado del Tajo y, en función del resultado, “se suba o no” el caudal ecológico del río. De lo contrario, el aumento paulatino de la reserva ecológica de agua reducirá el excedente hídrico para el Segura en un plazo de tres o cuatro años.
El Gobierno valenciano asegura que cualquier modificación o supresión del mismo, incluido en ese último borrador de decreto ley en poder del Consejo de Estado, encontrará el “más firme rechazo” del Ejecutivo autónomo, advierten fuentes de la Generalitat. Puig exige a la vicepresidenta tercera Teresa Ribera que se mantenga la cláusula: “La Generalitat valenciana emprenderá todas las acciones que estén a su alcance para defender la continuidad del trasvase Tajo-Segura y apoyar así las justas demandas de los regantes alicantinos”, asegura.
El Consejo de Estado deberá ahora emitir un dictamen sobre el proyecto de real decreto relativo a los planes hidrológicos de cuenca de determinadas demarcaciones ante de remitirlos al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva. Por ello, el Consell ha solicitado audiencia al órgano consultivo del Gobierno para poder efectuar alegaciones, al tiempo que reafirma su compromiso en defensa de los regantes valencianos y su voluntad de agotar todas las vías posibles para garantizar la transferencia de agua.
Además, el Ejecutivo valenciano ha recibido con estupor la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y de la empresa pública Acuamed, que gestiona el agua desalada en España, de anular la subvención que venía concediendo al agua desalada que usan los regantes del acueducto Tajo-Segura y que supondrá en la práctica triplicar los precios de la misma. La Generalitat pide una rebaja.
Puig ha hecho un llamamiento al Gobierno “para que reconduzca la situación y reconsidere su postura, porque estamos hablando de un territorio donde la agricultura juega un papel muy importante y es especialmente sensible al precio del agua”. Puig considera que la actual coyuntura “no hace aconsejable una decisión de esta naturaleza” y exige al Ejecutivo de Pedro Sánchez que “mantenga la subvención al agua desalada para que resulte asequible a los regantes”.
El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha reaccionado a las declaraciones de Ximo Puig, de quien ha dicho que “no tiene autoridad moral para hablar del trasvase”. “Llevamos 22 recortes del trasvase injustificados, sin ningún informe técnico que lo avale, y un informe en el Consejo de Estado con un gravísimo recorte, donde Puig se ha callado. No tiene ni autoridad moral ni política para hablar de trasvase. La ha perdido porque sigue queriendo engañarnos”, ha aseverado el dirigente del PP.
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