Después de que el viernes el presidente de Chile, Gabriel Boric, decidiese indultar, como es su atribución, a 13 condenados por la Justicia –12 por delitos durante el estallido social de 2019 y uno que perteneció a la organización armada Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) por un asalto a un banco Santander en 2013–, se han abierto diferentes frentes de conflicto para el Gobierno. La Corte Suprema se reunió este martes en un pleno extraordinario y decidió responder al presidente, que el lunes, desde el cambio de mando de Brasil, justificó su indulto a Jorge Mateluna, el condenado por el caso del robo a la sucursal bancaria. “Tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la Justicia”, opinó Boric. “Tengo la plena convicción de la inocencia de Jorge y por eso hemos llevado adelante este indulto”, agregó desde Brasilia.
Los magistrados de la Corte Suprema no han valorado la decisión del presidente de indultar a estas 13 personas condenadas, sino sus comentarios sobre las actuaciones de la Justicia en la justificación sobre el indulto a Mateluna, que fue integrante del FPMR (una organización de izquierda que buscaba por la vía armada derrotar a Augusto Pinochet, que se fue extinguiendo con la democracia y solo algunos de sus agentes siguieron operativos con el pasar del tiempo).
“Atendidas las expresiones efectuadas por el presidente de la República, reproducidas en algunos medios de comunicación los días 1° y 2 de enero, en que cuestiona los fundamentos y la regularidad de un proceso judicial afinado (caso Mateluna), la Corte Suprema se ve en la necesidad de recordar lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 76 de la Constitución Política de la República, que establece: ‘La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley”, han indicado los jueces del máximo tribunal de Justicia.
La Corte Suprema, que arrastra una molestia con el Gobierno por la forma en que ha llevado la fallida nominación del fiscal nacional –Chile lleva tres meses sin la máxima autoridad de esta institución en plena crisis de seguridad pública–, ha añadido que “ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”.
Boric aseguró este lunes desde Brasil que el indulto a Mateluna no se justificó en una opinión personal, sino en la apreciación de varios conocidos juristas, como Davor Harasic, que fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Junto con los problemas de injerencia en otro poder del Estado, una de las críticas que se formulan con respecto a las palabras del presidente apuntan a que Harasic representó a Mateluna ante los tribunales superiores a través de la Clínica Jurídica de la Universidad de Chile y que, con la convicción de su inocencia y de lo mal que se habían ponderado las pruebas existentes en el expediente, presentó una acción de revisión ante la Corte Suprema que fue desestimada en 2018. De acuerdo a los críticos, el presidente con sus palabras concede mayor importancia a las opiniones de los defensores del condenado antes que a las resoluciones de los máximos tribunales.
La ministra del Interior, la socialista Carolina Tohá, ha intentado poner paños fríos al conflicto. “El presidente tiene un compromiso absoluto con la independencia del Poder Judicial y nunca ha puesto en discusión el ejercicio que hace de sus atribuciones ni la validez del proceso que dio a lugar a las condenas de todas las personas que fueron indultadas”, aseguró la principal ministra del Gabinete, que se refirió justamente a los puntos que se le acusan al presidente. En un intento por calmar las aguas, Tohá aseguró, por lo tanto, que las declaraciones de la Corte Suprema “son recibidas como una opinión con la que el Gobierno no tiene disidencia alguna, descartando que Boric haya intentado ejercer funciones judiciales.
Las palabras de Boric han provocado adicionalmente la reacción de la Fiscalía, que recordó este martes que en junio de 2013 tuvo en sus manos “la investigación de un delito de robo con intimidación, homicidio frustrado contra personal de Carabineros en servicio, porte y tenencia de armamento de guerra, porte de arma de fuego prohibida, porte ilegal de arma de fuego común y receptación”. De acuerdo a la información recordada por los fiscales, Mateluna fue detenido “en flagrancia” por estos hechos y la investigación demostró su participación “en calidad de autor”, “lo que fue refrendado en todas las instancias judiciales” en forma unánime, incluida la Corte Suprema.
Facultad del presidente
En Chile existe la facultad del presidente de indultar a personas condenadas por la Justicia, pero lo que se critica es el fundamento de su decisión. El Gobierno ha dicho que se optó por indultar a estas 13 personas haciendo uso de esta atribución presidencial –como lo han hecho todos los mandatarios anteriores–, porque se trata de “un grupo históricamente vulnerado en sus derechos, especialmente los sociales, económicos y culturales”, con lo que se ha abierto una discusión profunda sobre esta razón como motivador de los delitos.
Los críticos hablan de que al Gobierno lo movieron las razones políticas, mientras que parte del oficialismo explica que se trata de una promesa de la campaña presidencial. El Gobierno intentó indultar a los presos del estallido de 2019 a través de un proyecto de ley en el Parlamento, lo que no prosperó.
La decisión dada a conocer el viernes hizo fracasar las negociaciones que llevaba adelante la ministra Tohá para llegar a un acuerdo político transversal en materia de seguridad, la mayor urgencia que vive Chile y la principal prioridad de la ciudadanía. La oposición se restó de las conversaciones y anunció que impulsará sus propios proyectos de ley en el Parlamento, mientras estudia acusaciones constitucionales contra Boric, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y acudir el Tribunal Constitucional para anular el indulto contra Mateluna.
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