Por considerarla “antidemocrática y excluyente”, académicos hicieron un “enfático exhorto” para detener la iniciativa de ley general de ciencia elaborada por el Conacyt.
“Se trata de una propuesta que restringe la libertad académica de las investigadoras e investigadores, impone una estructura jerárquica y burocrática que relega la opinión de científicos, cuerpos colegiados, universidades y asociaciones académicas; no respeta el pacto federal y elimina el compromiso del Estado Mexicano de un presupuesto estable para la investigación, todo lo cual implica un retroceso en los avances logrados en los últimos 50 años”.
De acuerdo con una carta pública, la iniciativa “afecta drásticamente a diversas comunidades y al país en su conjunto”. A continuación, la carta enumera 7 puntos específicos: 1) La eliminación de toda autonomía de los Centros Públicos de Investigación (Centros Conacyt), la vulnerabilidad de su personal académico “y su libertad de investigación”. Un reflejo de ello es lo que ha ocurrido paradigmáticamente con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y lo que se gesta ya en otros CPIs, como el INAOE y el Inecol.
Dos: Afectaciones a los investigadores e investigadoras de ciencia básica y de frontera, quienes estarán limitados por una agenda gubernamental, definida por la Junta de Gobierno de Conacyt, para poder acceder a financiamiento para sus proyectos.
Tres: A investigadores e investigadoras que laboran en universidades privadas, a quienes se les discrimina “al negarles el derecho a ser tratados de forma semejante a cualquier académico dedicado a la investigación”. Un ejemplo paradigmático de lo anterior han sido los cambios recientes (cinco a lo largo del sexenio) del reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), el cual eliminó la percepción económica a los investigadores de universidades privadas.
Cuatro: Afectará a estudiantes y jóvenes investigadores e investigadoras, cuya carrera científica se verá obstaculizada por una propuesta que reduce el presupuesto para apoyos y becas; que les acota la libertad académica para escoger temas de investigación, limita los espacios para la movilidad nacional e internacional, y que dificulta su inserción laboral al transformar y deformar el programa de cátedras.
Cinco: Afectará a todas las comunidades del sector de ciencia, tecnología e innovación, que verán limitada su libertad para buscar, generar y transmitir conocimientos y no tendrán espacios para “ejercer su derecho democrático a expresar opiniones, puntos de vista, evidencia y propuestas novedosas”.
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