El Partido Democrático de los Pueblos (HDP), principal formación prokurda de Turquía y tercer mayor partido en representación parlamentaria, se enfrenta a la amenaza de ilegalización acusado de ser una extensión del grupo armado PKK (Partido de los Trabajadores de Kurdistán), considerado terrorista en Turquía, la Unión Europea y Estados Unidos. Los próximos dos meses serán claves en este proceso que dirime el Tribunal Constitucional, y su resultado puede tener importantes consecuencias en las elecciones parlamentarias y presidenciales previstas para junio, pero que el Gobierno quiere adelantar a abril o mayo. Estos comicios, que las encuestas prevén ajustados, decidirán si el polémico presidente Recep Tayyip Erdogan continúa en el poder tras 20 años al frente de Turquía y qué rumbo adoptará Columna Digital.
El proceso de ilegalización del HDP fue iniciado hace dos años por la Fiscalía turca tras presiones de los socios de extrema derecha de Erdogan, pero ha sufrido varios retrasos por errores en el sumario de acusación, en el que, además de la ilegalización, se pide la inhabilitación de cientos de dirigentes kurdos. La pasada semana, el Constitucional decidió bloquear las cuentas bancarias en las que la formación izquierdista kurda recibe la financiación pública, algo que 15 colegios de abogados de Turquía han tachado de “inconstitucional”. Arguyen que una medida así no se puede adoptar hasta que haya una sentencia firme.
Este martes, el fiscal que dirige la acusación pidió la ilegalización del HDP ante el Constitucional, justificándolo con el argumento de que el partido “no es independiente del PKK”, sino que está “bajo control de la organización terrorista”. Ahora, la defensa dispone de un mes para responder a las acusaciones antes de que los jueces se retiren a deliberar, si bien podría solicitar más tiempo para preparar el que será su alegato final. Sin embargo, en las filas del partido kurdo pocos se hacen ilusiones de cuál será el resultado. “No podemos saber qué decidirán los jueces, pero teniendo en cuenta que han aceptado peticiones de la Fiscalía que chocan con la Constitución, la legislación turca y las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nos tememos que tome la decisión de cerrar nuestro partido”, explica Serhat Eren, portavoz de la comisión legal del HDP.
“Dado que pronto entraremos en periodo electoral, exigiremos al tribunal que anuncie su decisión después de los comicios, porque queremos concurrir en condiciones de igualdad y con esta incertidumbre no podemos decidir cómo llevar la campaña ni la estrategia electoral ni qué candidatos elegir. Pero, si no nos hace caso, creemos que anunciará su decisión en marzo o abril”, añade.
La argumentación de la Fiscalía se ha fundamentado en la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que, en 2009, declaró legal el cierre de Batasuna por parte de la justicia española al considerar que la formación vasca era “instrumental para la estrategia terrorista de ETA”. Sin embargo, según Eren, todas las pruebas de la acusación se basan en discursos de dirigentes del partido kurdo y recuerda que, en 2016, el mismo tribunal declaró que la ilegalización del Partido de la Sociedad Democrática (DTP)—uno de los predecesores del HDP— había violado la Convención Europea de Derechos Humanos, puesto que el hecho de que un partido persiga “un proyecto político incompatible con los principios y estructuras del Estado turco no lo hace incompatible con las reglas de la democracia”, siempre y cuando no promueva la violencia para conseguir sus fines.
Ambigüedad respecto al PKK
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Con todo, la postura del HDP respecto al PKK adolece de cierta ambigüedad. Si bien el partido apuesta por una solución pacífica del conflicto kurdo y condena los atentados, parte de sus militantes y dirigentes ven al PKK como una guerrilla legítima. Fuentes cercanas al partido han explicado que algunas decisiones estratégicas del movimiento político siguen siendo consultadas con el PKK y este periódico ha visto cómo se utilizaba material y vehículos municipales para construir trincheras y túneles por parte de militantes del grupo armado kurdo durante los enfrentamientos urbanos de 2016. Los ayuntamientos del HDP arguyen, sin embargo, que se trataba de herramientas sustraídas sin permiso.
“En esta tierra han muerto 50.000 personas [por el conflicto kurdo] y claro que hay muchas familias que tienen un hermano o un hijo o un pariente en las montañas. Pero eso no quiere decir que haya una relación orgánica entre el partido y el PKK. Nosotros tomamos nuestras propias decisiones a través de nuestras asambleas”, sostiene Sirri Sakik, histórico dirigente del movimiento kurdo, exdiputado y con un hermano que combatió en las filas del PKK.
Tras una década (2005-2015) caracterizada por las negociaciones dirigidas a buscar una solución dialogada del conflicto, en los últimos años se ha desatado la represión contra los dirigentes del movimiento kurdo. Miles de militantes y dirigentes del HDP se hallan en prisión, incluidos los antiguos líderes Figen Yüksekdag y Selahattin Demirtas —pese a las reclamaciones de Estrasburgo para su liberación—. De los 65 ayuntamientos logrados por el partido en las elecciones municipales de 2019, todos menos seis han sido intervenidos por orden del Ministerio de Interior.
Planes A, B y C
“Desde que iniciamos este camino político hace 30 años nos han ilegalizado un partido tras otro, pero si empezamos con un 3% de votos, ahora tenemos más del 10%. Así que ilegalizarnos únicamente sirve para que se incremente nuestro apoyo, porque somos un movimiento popular”, sostiene Sakik, que actualmente es miembro del consejo asesor del HDP. Aunque no quiere dar muchos detalles, asegura que, en caso de clausura, el partido tiene preparados “un plan A, otro B, otro C” para concurrir a las elecciones. Lo más probable es que los candidatos del HDP se integren en alguno de los pequeños partidos izquierdistas con los que ha pactado una coalición electoral, aunque también podrían presentarse como candidatos independientes, como ya hicieron en las elecciones de 2007 y 2011.
Los kurdos suponen entre el 15 y el 20% del electorado en Turquía y, durante la última década, algo más de la mitad ha votado al HDP o a sus partidos predecesores, mientras que un 30-40% de ellos optaba por la formación islamista de Erdogan. Por ello, a pocos se les escapa que, tras el intento de ilegalización del HDP, iniciado por una Fiscalía fuertemente controlada por el Gobierno y ante unos tribunales que rara vez deciden en contra de los designios del Ejecutivo, hay una voluntad de inclinar unas elecciones cruciales, más si cabe tras la condena e inhabilitación del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, uno de los posibles candidatos de la oposición a enfrentarse al presidente turco.
Una eventual ilegalización del HDP no tendría efectos solo en la composición del futuro Parlamento, sino que también influiría en la estrategia de la oposición para derrotar a Erdogan. La principal coalición opositora se reúne en una mesa de seis partidos (del centroizquierda a la derecha islamista) que planea apoyar a un candidato conjunto de cara a las presidenciales. El HDP no ha sido incluido en la plataforma opositora y ha amenazado con presentar su propio candidato si no se le consulta sobre la estrategia electoral, pero es que entre la llamada Mesa de Seis hay división sobre la relación con el HDP: mientras algunos partidos se oponen frontalmente a su ilegalización, hay otras formaciones fuertemente nacionalistas que no la verían con malos ojos y cuyos votantes jamás aceptarían un pacto con la izquierda kurda.
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