La Alcaldía de Bogotá maniobró para evitar que en la ciudad se realizaran corridas de toros. Logró pasar por encima de las decisiones judiciales y suspender durante dos años la temporada taurina de la Santamaría. La Corte Constitucional señala que la Administración local violó el derecho a la libre expresión artística e incumplió una sentencia de ese tribunal que protege las actividades taurinas en sus condiciones tradicionales.
Los tres magistrados que firman la sentencia, el ponente Alejandro Linares y sus compañeros Paola Meneses y Antonio José Lizarazo, se han pronunciado decididamente sobre un tema al que el Congreso apenas se asoma. Contrario a la que parece ser la posición más fuerte en el Parlamento, donde avanza una propuesta para prohibir las corridas de toros, en la Corte Constitucional los taurinos encuentran respaldo. Desde 2005, el tribunal ha sostenido una jurisprudencia en la que reconoce la tauromaquia como una expresión artística del ser humano.
La Corte Constitucional ha determinado que la Alcaldía actuó contrario a una sentencia de 2013, al menos en dos momentos. Cuando una de sus entidades, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), pretendió licitar un contrato para la temporada taurina 2022 de Bogotá, en unos términos que eliminaban las características tradicionales de la tauromaquia, como el uso de las banderillas y la muerte del toro. “Al prohibirse la utilización de banderillas, estoques, arpones, espadas, picas, dagas y puyas, el IDRD está concediendo el espacio que debería estar reservado para la práctica del espectáculo taurino para la realización otra actividad sustancialmente distinta”, dice la Corte. Los magistrados han señalado que “lejos de desarrollar los mandatos de ese tribunal, el procedimiento contractual se organizó para impedir su cumplimiento y frustrar el restablecimiento de los derechos fundamentales”.
La Administración local, en cabeza de Claudia López, también jugó con los tiempos para que fuera imposible otorgar la licitación para los toros de la Santamaría. “Se contrarió los principios de planeación, economía y transparencia de contratación pública y la función administrativa, al pretender que el promotor del evento vendiera más de 10.000 boletas en tan solo cuatro semanas y atravesando la época de festividades”, señala el auto de la Corte. La Corporación Taurina de Bogotá, que llevó el caso al tribunal, sostiene que los plazos previstos “hacían imposible para cualquier empresario presentarse al proceso de selección”. Cuando se supo que por segundo año no habría corridas de todos en Bogotá, la Alcaldía dijo que el proceso se declaraba desierto porque no habían recibido ofertas.
Los magistrados le dan la razón a los taurinos: “Los plazos establecidos no habrían permitido a los interesados presentar una oferta cumplible bajo la cual fuera posible realizar la temporada taurina en Bogotá. Solo hasta el 20 de enero de 2022 se tendría conocimiento del oferente que hubiera resultado adjudicatario del contrato, momento a partir del cual debería adelantar, entre otras, las respectivas negociaciones con los toreros y ganaderías para la definición de los carteles, organizar la logística del evento bajo las condiciones particulares fijadas en el proceso, obtener los patrocinios requeridos y vender la boletería de la temporada taurina”. Parecía imposible que las corridas de toros volvieran a Bogotá.
Los empresarios dicen que los costos del proceso también hicieron difícil participar. Tenían que pagar un 20% al IDRD sobre cualquier ingreso y se les impusieron restricciones de publicidad. “Las condiciones establecidas son tendientes a dilatar, con condiciones que son completamente inconstitucionales, y además, imposibles de cumplir”, señaló la Corporación Taurina de Bogotá a los magistrados.
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Quien se quedara con el contrato debía cumplir con lo que la Alcaldía decía: un máximo de tres corridas de toros (tradicionalmente eran cinco o seis), en las que no podría utilizarse ningún instrumento que lastime o cause la muerte del toro y destinar un 30% del espacio de las piezas publicitarias del evento para informar del sufrimiento que las actividades taurinas les causan a los animales involucrados. Ningún taurino estuvo dispuesto a participar bajo esas condiciones.
La Corte ha dicho que la Alcaldía y el Concejo de Bogotá se tomaron atribuciones que le corresponden el Congreso, como cambiar la estructura, fijada por la ley, del espectáculo taurino, eliminando la muerte del toro. “El competente para modificar dicho contenido es el legislador y no la administración”. El máximo tribunal constitucional ha vuelto a fallar a favor de los taurinos, como lo ha hecho en el pasado, y le ha ordenado al Distrito garantizar la continuidad de la expresión artística de la tauromaquia y su difusión. El Gobierno local no se ha pronunciado sobre la orden del tribunal.
El toreo tiene a uno de sus máximos opositores en la Presidencia. Gustavo Petro logró suspender los eventos taurinos en la capital cuando fue alcalde y ahora, como mandatario, le ha pedio al Congreso aprobar una ley para eliminar cualquier espectáculo que maltrate animales. “La sentencia de la Corte Constitucional sobre la Santamaría dice que es el Congreso a través de la ley la única entidad que puede suspender corridas en plazas de comprobada tradición taurina”, escribió Petro. Su bancada en el Legislativo apoya el proyecto que busca prohibir las corridas de toros.
Se van a acabar solo cuando la gente deje de ir, dice Christian Garcés, congresista y taurino. “En Manizales la plaza estuvo llena”, apunta optimista. Garcés cree que en Colombia más gente de la que se cree disfruta de los eventos taurinos. “Lo vimos: más de mil jóvenes abonados. La plaza estaba llena”, dice. Habla del 7 de enero que acaba de pasar, cuando el francés Sebastián Castella reapareció en esa ciudad tras su retiro en 2020.
La próxima palabra sobre las corridas de toros en Colombia la tiene el Congreso, donde debaten su prohibición. “La decisión de la Corte Constitucional de ordenar el regreso de las corridas a la Santamaría es dura, pero fortalece la lucha de quienes estamos convencidos de que los animales tienen pleno derecho a vivir sin tortura”, ha dicho la senadora animalista Andrea Padilla, que confía en que el Congreso logre, por primera vez, una ley que prohíba las actividades taurinas en Colombia.
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