#JoeBiden #DocumentosClasificados| El Departamento de Justicia estadounidense nombró este 12 de enero a un fiscal especial para investigar acerca de los documentos clasificados encontrados en una residencia y en una oficina de Joe Biden.
El descubrimiento de dos lotes de documentos clasificados ―los primeros, en una oficina de Washington a la que daba un uso particular tras dejar la vicepresidencia y antes de ganar las elecciones en 2020; los segundos, entre el garaje y la biblioteca de su casa familiar de Wilmington (Delaware)― ha aguado al presidente uno de los raros y más largos respiros que, una vez pasó la luna de miel de los primeros meses, ha disfrutado en sus dos años en el cargo, que cumple la semana próxima.
El mandatario se halla de pronto en la polémica, tras una investigación encargada por el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, al abogado Robert K. Hur. Como investigador especial, figura a la que el Departamento de Justicia recurre para evitar posibles conflictos de intereses —y Garland investigando a su jefe lo es, sin duda—, Hur, que fue nombrado fiscal federal de Maryland por Trump y ahora trabajaba en el sector privado, tendrá que dilucidar la responsabilidad del presidente en el manejo a todas luces indebido de ese material. Según la ley estadounidense, son documentos de acceso restringido y tienen que ser custodiados con determinadas medidas de seguridad mientras la persona está en el cargo. Cuando lo deja, su destino está claro: los Archivos Nacionales.
Es poco probable que del incumplimiento de la segunda parte de la obligación se deriven consecuencias penales para nadie, y mucho menos para Biden (entre otros motivos, porque la ley estadounidense también garantiza la inmunidad de sus presidentes mientras están en el cargo). Pero ya se están dejando sentir las implicaciones políticas del escándalo que súbitamente lo acorrala. Por un lado, ha armado de razones para la crítica al Partido Republicano, cuyo líder en la Cámara de Representantes, el speaker Kevin McCarthy, compareció este jueves ante la prensa en el Capitolio visiblemente aliviado al contemplar cómo la eterna tormenta política de Washington, que la semana pasada descargó sin misericordia sobre su cabeza, había enfilado la avenida Pensilvania, “la calle mayor de Estados Unidos”, rumbo a la Casa Blanca. “Creo que es obligación del Congreso investigar este asunto”, dijo, antes de conocerse la designación de Hur.
Por el otro, los hallazgos (que se remontan a noviembre, pero fueron destapados esta semana en los medios) han proporcionado un inesperado balón de oxígeno a Trump, uno de cuyos múltiples líos con la justicia tiene su origen en el hallazgo en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, de papeles clasificados de sus años como presidente (2017-2021).
Los de Biden corresponden a su desempeño como vicepresidente con Barack Obama (2009-2017), así que ahí empiezan las notables diferencias entre ambos casos. El volumen de la información clasificada también los distingue: el FBI, que irrumpió en la mansión del republicano en agosto, se incautó de 325 documentos, 60 de los cuales estaban protegidos por el “alto secreto”. En el primer lote de Biden había una decena de papeles. No está aún claro cuántos había en el segundo, pero un abogado de la Casa Blanca habló este jueves en un comunicado de “una pequeña cantidad” (descripción ciertamente vaga que impide la suma exacta para una mejor comparación).
Otra diferencia es que el magnate se negó repetidamente durante meses a devolver documentos que sabía que no podía llevarse, y por eso el FBI tomó cartas en el asunto, y por eso también están investigándolo por obstrucción a la justicia y por la posible destrucción de material reservado.
Biden, cuyas críticas a Trump por aquel asunto lo persiguen ahora, dijo en agosto que él solía sacar papeles de la Casa Blanca y que los custodiaba en su residencia en “un gabinete completamente seguro” (y no parece que esa definición se ajuste a la idea de un garaje en Wilmington, donde, aclaró el jueves, guarda además su coche más querido: un Corvette del 67). El mandatario ha repetido durante esta semana que se toma “muy en serio” las reglas que rigen los documentos clasificados en Estados Unidos y que tiene un “gran respeto” por los Archivos Nacionales, institución a la que sus abogados entregaron “inmediatamente” el material.
Fue el martes, de visita oficial en México, cuando se dijo “sorprendido” por la existencia de esos papeles en la oficina que una vez usó. Con el recurso a la sorpresa, aspiraba a dejar claro que no era consciente de estar en posesión de algo que no debía, a diferencia de Trump, que sí lo sabía y que es autor de la ya célebre frase: “Puedes desclasificar documentos con solo pensar que están desclasificados si eres el presidente de Estados Unidos”.
La Administración de Biden, que está convencida de que la investigación solo hallará errores sin intención, ha tratado también por todos los medios de restar importancia al contenido de los papeles recién descubiertos en comparación con los encontrados al anterior inquilino de la Casa Blanca. Lo cierto es que tampoco ha aclarado qué contienen los del actual presidente (con cierta lógica, pues son clasificados), más allá de decir que son una mezcla de “documentos personales y políticos” y de admitir que algunos tratan asuntos como la relación con Ucrania o Irán.
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