El Tribunal Constitucional se ha fijado como una de sus mayores prioridades dictar sentencia sobre la ley del aborto en el plazo más breve posible. No hay una fecha concreta para llevar este asunto al pleno, pero fuentes del tribunal indican que será uno de los primeros que se trate. La razón por la que no se ha hecho en los últimos años reside en que la mayoría conservadora existente hasta ahora era plenamente consciente de que el debate de sus proyectos de sentencia iba a derivar en un choque de trenes, porque la minoría progresista no iba a aceptarlos de ningún modo, dado que solo consideraba procedente avalar la vigente ley de plazos sin cortapisas ni limitaciones.
En estos momentos, el proyecto de sentencia sobre la ley del aborto —recurrida por el PP en 2010― está en manos del magistrado del sector conservador Enrique Arnaldo, quien desde el pasado mes de abril tiene preparado un borrador que no ha sido llevado al pleno ante el propósito del Gobierno de aprobar una nueva ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Otro motivo para que no se haya discutido es que el tribunal que acaba de ser renovado terminó el mandato con su composición actual el pasado mes de junio. En estas circunstancias, el expresidente del Constitucional Pedro González-Trevijano decidió posponer la deliberación para que fuera asumida por el órgano de garantías una vez renovado.
La ponencia elaborada por Enrique Arnaldo avala la ley de plazos, pero contempla una serie de requisitos y cláusulas para asegurar que la mujer tome la decisión de abortar o no después de recibir información más o menos exhaustiva sobre la intervención a la que se va a someter si decide seguir adelante. El debate puede plantearse, por tanto, en relación con la naturaleza y el contenido concreto de esa información, y la posibilidad de que se convierta en una forma de presión sobre la mujer para orientar su decisión.
Según fuentes del tribunal, no se excluye, por tanto, que la sentencia sobre la ley del aborto requiera aún algunos trámites. Cabe la posibilidad de que el texto preparado no obtenga el respaldo mayoritario del tribunal. Si tal cosa sucediera, puede ocurrir que haya que cambiar de ponente y que el asunto pase a manos de otro magistrado, que necesitaría más tiempo para confeccionar su proyecto de fallo. No obstante, las reglas del propio tribunal admiten también la posibilidad de que el encargado de una sentencia que haya quedado en minoría asuma la redacción de la sentencia mayoritaria y en paralelo presente su propio voto particular en contra del fallo.
En todo caso, la voluntad de la nueva mayoría progresista del Constitucional es encarar con decisión la resolución del recurso sobre la ley del aborto, consciente de que es una prioridad absoluta, por su extraordinaria relevancia y porque resultaría injustificable que siguiera a la espera de sentencia cuando existen las circunstancias idóneas para dejarlo resuelto. Antes del proyecto de sentencia de Enrique Arnaldo existieron otros dos, realizados por dos de sus antecesores ―Elisa Pérez Vera, progresista, y Andrés Ollero, conservador― a lo largo de los 12 años transcurridos desde la aprobación de la ley del aborto.
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El primero avalaba la ley de plazos y no se llevó a pleno porque el tribunal tenía una mayoría conservadora que no lo iba a aprobar. El segundo tampoco fue objeto de deliberación porque aunque seguía existiendo una mayoría conservadora, se estimó en el tribunal que se reabriría un intenso debate social que nos se quiso favorecer en un escenario político en el que la cuestión del aborto había dejado de ser un terreno de confrontación entre el PP y el PSOE. Ahora, habrá que ver si el tercer borrador de sentencia, el que se ha guardado a la espera de la renovación del tribunal, logra el consenso en el tribunal, o hay que elaborar un cuarto proyecto. En cualquier caso, con uno u otro texto, la sentencia del aborto tendrá prioridad.
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