Ante la posibilidad de ser despedidos, alrededor de 147 empleados del Instituto Nacional Electoral (INE) interpusieron hoy una demanda de amparo contra la Ley General de Elecciones y Procedimientos Electorales, mejor conocida como “Plan B”.
Este viernes 10 de marzo se interpondrá otro amparo, ya que de acuerdo a estimaciones de las autoridades del INE entre 6 mil a 7 mil empleados del Instituto podrían ser despedidos, dijo este lunes en entrevista con Columna Digital el abogado Rodolfo Martínez Ayala.
El especialista en Derecho Laboral, de la firma Trusan & Roma Abogados, indicó que el amparo fue en virtud de la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el jueves pasado en la que dentro de otras leyes se hicieron varias reformas, adiciones y derogaciones a la Ley General de Elecciones y Procedimientos Electorales.
“Es la primera demanda en todo México, de 147 empleados del INE, en contra de la reforma electoral. Y es a efecto de que el juez que conozca de este asunto otorgue una suspensión para que no le sean aplicados los efectos y consecuencias de estas reformas (…) Y por consiguiente, hasta que resuelva a fondo el juicio de amparo y se revisen los artículos en cuanto a su constitucionalidad, ya se defina sí pueden o no ser sujetos de esta reestructuración y compactación administrativa.”, precisó.
Del mismo modo, indicó que “es una cosa tremenda; pero no es la primera vez que lo vemos en este sexenio. Es algo que vimos desde diciembre de 2018 para cuando ya estaba publicada la primera Ley de Remuneraciones y empezó la cancelación de prestaciones y el gran número de despidos incluyendo del Servicio Profesional de Carrera, en la administración pública federal”.
Martínez Ayala agregó que en esta ley existen varios artículos que afectan directamente a empleados del Servicio Profesional Electoral como de las áreas administrativas del propio INE.
“Este grado de afectación es tanto en la permanencia como empleados del Instituto así como a diversas prestaciones que tienen, incluyendo sueldos y salarios”, apuntó.
Asimismo explicó que en cuanto a la permanencia, se prevé en numerosos artículos de esta nueva ley la obligación para que el INE pueda realizar una reestructuración y compactación de áreas.
“Esto implicará y en voz de los consejeros del Instituto, en especial de Ciro Murayama, la pérdida del empleo de entre seis mil a siete mil personas”, apuntó.
Respecto a las prestaciones, los artículos de esta ley señalan que deberá procederse a la revisión de los tabuladores y aplicando los criterios de racionalidad y proporcionalidad. “Quién sabe qué es eso”, pero así lo dice.
E hizo hincapié en que “también el gran problema es que algo que no pudieron quitarles con la Ley de Austeridad Republicana, con la Ley Federal de Remuneraciones, que son dos prestaciones que se tienen en el INE y lo tenían los servidores públicos del gobierno federal antes y los del Instituto los seguían manteniendo que son la Póliza de Gastos Médicos mayores y el Seguro de Separación Individualizado”.
“Son dos prestaciones que constituyen un derecho adquirido como empleados del INE, que no puede la Ley venir a coartarlo o desaparecerlo de esta manera como lo están haciendo”, afirmó.
Agregó que en su firma de abogados son líderes en representaciones de servidores públicos y han promovido amparos para proteger entre ocho mil a nueve mil trabajadores tanto por despidos como por la cancelación de prestaciones.
“A esta fecha ya tenemos sentencias ganadas en las que la justicia federal ha determinado que fue anticonstitucional o despedir a los del Servicio Profesional de Carrera o en su caso, quitarles las prestaciones”, dijo.
Agregó que el próximo viernes presentarán una nueva demanda para empleados que se sumen en estos días para que tengan oportunidad de defenderse.
“Hay que esperar para ver cuántos empleados se van a sumar”, concluyó.
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