El gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ha recurrido a empresas sancionadas por la Secretaría de la Función Pública, para adquirir medicamentos para la atención de enfermedades mentales y neurológicas.
Entre las más de 100 firmas que han recibido contratos para la compra consolidada de medicamentos para este y el próximo año, está Abastecedora de Insumos para la Salud, S.A. de C.V., farmacéutica que ha sido sancionada en varias ocasiones por vender a sobreprecio, mentir e incumplir contratos.
La Secretaría de la Función Pública la sancionó por última vez en julio de 2020, por proporcionar información falsa en una licitación pública convocada por el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, para adquirir medicamentos y material de curación.
Por esto, la empresa se hizo acreedora a una multa de un millón 51.5 mil pesos y quedó inhabilitada durante dos años seis meses, periodo que cumplió apenas en enero pasado.
Abastecedora de Insumos para la Salud (conocida como Abisalud) fue señalada en 2018 por vender medicamentos a sobreprecio en una triangulación que presuntamente involucró al entonces candidato de la coalición Juntos Haremos Historia por Jalisco y actual regidor de Guadalajara, el empresario Carlos Lomelí.
Ese mismo año fue sancionada por incumplir con el abasto de fármacos en las unidades médicas del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal). De acuerdo con información de la dependencia estatal, entre 2018 y 2019, a la empresa se le impusieron 33 multas que sumaron 14.3 millones de pesos.
A pesar de ello, la farmacéutica contnúa recibiendo contratos del gobierno federal y se mantiene en el padrón de proveedores, toda vez que ha ganado amparos para seguir participando en los procesos en busca de partidas para suministrar fármacos.
Apenas en enero pasado, le fue adjudicado un contrato general por 62 millones 803.1 mil pesos para el abasto de diversos medicamentos, incluidas 68 mil siete dosis de Oxcarbazepina, fármaco utilizado en el tratamiento para la epilepsia y dolores neurológicos.
Por la Oxcarbazepina, el gobierno federal —vía el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi)– le pagará 10 millones 141.8 mil pesos, como consta en el contrato con código 2959200, difundido a través de la plataforma Compranet, cuya vigencia arrancó el 10 de febrero pasado y concluirá hasta el 31 de diciembre de 2024.
Este y otros fármacos para la atención de enfermedades mentales y neurológicas, así como para tratar algunas adicciones, han escaseado desde hace meses en hospitales y farmacias del país. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, responsabilizó, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador del 26 de febrero pasa-do, a la empresa Psicofarma S.A. de C.V. de provocar deliberadamente el desabasto que, aclaró, solo se presenta en el sector privado, no en el público.
Sin embargo, el gobierno ha otorgado nuevos contratos a empresas que han comprado a Psicofarma para surtir a instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dirigido por Zoé Robledo.
Tal es el caso de Prodifam, empresa mexicana dedicada a la compraventa y distribución de medicamentos, a la cual en diciembre pasado se le adjudicó un contrato para la adquisición de tres millones 490 mil 696 dosis de Clonazepam, medicamento utilizado en el tratamiento de la ansiedad o la psicosis provocada por suspender súbitamente el consumo de drogas. El contrato, por el que recibirá 77 millones 214.1 mil pesos, entró en vigor el 10 de febrero pasado y estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2024.
Prodifam ha surtido durante años medicamentos al sector salud, que adquiere a Psicofarma, como consta en varios contratos que le fueron adjudicados durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto. Por ejemplo, en 2013, vendió al IMSS 50 mil cajas de clorhidrato de trihexifenidilo, todas fabricadas por Psicofarma.
Al inicio del sexenio, el gobierno federal emprendió esfuerzos para acabar con lo que llamó el monopolio de la compra y distribución de medicamentos. El plan incluyó exhibir y vetar a los principales proveedores de fármacos de otros sexenios.
Estas empresas fueron Grupo Fármacos Especializados S.A de C.V., Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A de C.V. y Maypo, las cuales en 2018 vendieron más de 60 por ciento de los medicamentos adquiridos por el IMSS y el ISSSTE. Entonces el gobierno de la Cuatroté optó por realizar las compras a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), pero no dio resultado. En octubre de 2022, dio por concluido el contrato con la ONU y retomó el esquema anterior.
Después de la decisión de ya no comprar vía Unops, el Insabi y la Secretaría de Salud retomaron las compras con las farmacéuticas y las distribuidoras privadas, y en las licitaciones para la adquisición de fármacos de 2023 y 2024, asignaron contratos a los proveedores que, en su opinión, cumplían con los requisitos, incluidas los sancionados en el pasado.
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