Organizaciones civiles llamaron al gobierno federal a generar políticas públicas para mejorar sus condiciones de vida, en el marco del Día internacional de la visibilidad trans, que se conmemora hoy.
Rocío Suárez, directora general del Centro de Apoyo a las Identidades Trans A.C., aseguró que en México no hay indicadores sobre escolaridad, empleo, ingresos, grupos etarios y acceso a servicios de salud sobre las personas trans, que sí están disponibles para otras poblaciones, lo cual, propicia dijo que se reconozcan parcialmente sus derechos.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (Endiseg) 2021, del Inegi, de los cinco millones de personas mayores de 15 años que se identifican como integrantes de la comunidad LGBTI+, 909 mil son transgénero o transexual, es decir, tres de cada 10, pero no revela mayores datos, como sus condiciones de salud o educación, lo cual confirmó el instituto a este medio.
“Hace falta construir estos indicadores que nos puedan ubicar, a nivel nacional, qué estados llevan un retraso en el reconocimiento de derechos. Hoy, hay muchas personas trans que cuentan con un acta de nacimiento con el reconocimiento de la identidad de género, pero no tienen una capacitación para ingresar a los espacios laborales o no cuentan con un perfil académico, por lo que es necesario generar políticas niveladoras para que estén en posibilidades de incorporarse a los espacios laborales”, indicó Suárez.
En entrevista con Columna Digital, la activista reprochó: “las personas trans son visibles solo por indicadores de muerte y no de vida”. De acuerdo con el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, México ocupa el segundo lugar a escala mundial en asesinatos de personas de esta comunidad, con 51 casos en 2022, solo por debajo de Brasil, que registró 77 homicidios.
Según el Diagnóstico Nacional sobre la Discriminación hacia Personas LGBTI+ en México, elaborado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Fundación Arcoíris en 2018, seis de cada 10 personas trans han vivido acoso, hostigamiento y discriminación laboral; pero no solo eso, integrantes de esta comunidad también han enfrentado despidos injustificados, negativa en la prestación de servicios de salud y falta de leyes que faciliten sus condiciones de vida.
Samantha Fritz, fundadora de Deuda Histórica, tiene dos licenciaturas, una en Antropología y otra en Sociología, pero no ejerció porque fue discriminada debido a su identidad de género. Intentó ingresar a la Secretaría de la Mujer capitalina, pero le advirtieron que su jefa sería una mujer transfóbica, por lo cual desistió. Hoy, a sus 66 años, carece de seguridad social: no tuvo un empleo formal.
Ferrán Baños, hombre trans y fundador de la organización Existimos, en Hidalgo, acudió a un consultorio privado en 2015, porque al inyectarse testosterona, como parte de su tratamiento de reasignación de sexo, tuvo un absceso, pero el médico lo corrió del lugar.
“(Al saber que era trans) el médico empezó con un discurso de las personas trans están locas y me dijo ‘yo no sé qué haces aquí, no te voy a dar nada’ y me sacó de su consultorio. Ese día, bajo la impotencia, el miedo y la rabia, no hice nada”, recordó.
El Diagnóstico Nacional Sobre Discriminación hacia personas LGBT indica que las personas trans reciben más comentarios peyorativos y discriminatorios, respecto al resto de integrantes de la diversidad sexual.
Lissette Mistral, integrante de la organización Deuda Histórica, al concluir su licenciatura en Contaduría Pública ingresó al mundo laboral ya como una mujer trans, como se ha percibido desde los siete años, aunque solo duró unos meses como auxiliar de contaduría, porque no había apertura a aceptar su identidad de género.
“Tuve que ser escort para generar ingresos y mantener una vida, que me podía dar mi trabajo, ya que, como chica atrás, ya no era fácil conseguir un empleo”, dijo.
La segunda encuesta de Trabajo Sexual, Derechos y No Discriminación, del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, establece que 67.3 por ciento de las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual estarían dispuestas a dejar esta actividad si el gobierno les otorgara apoyos educativos, económicos, para abrir negocios; ayuda para personas de la tercera edad que ejercen este oficio o un empleo formal.
Ante esta realidad, Rocío Suárez, cuya organización busca el respeto a los derechos humanos de la comunidad trans, consideró necesario garantizar la inclusión laboral para estas personas.
Salma Luévano, una de las dos diputadas trans de la presente Legislatura en San Lázaro, ha presentado 17 iniciativas sobre esta población, una de ellas para reconocer a las infancias; sin embargo, ninguna ha sido aprobada, porque, acusó, sus compañeros de Morena emplean un doble discurso al respecto.
“Sigue este doble discurso y por eso he estado dando esa visibilidad, en el que tienen que apoyar si somos mayoría, pero ahí está esa simulación y ese doble discurso hasta del nombre de esta LXV Legislatura(de la Paridad de género, la inclusión y la diversidad)”, afirmó.
Elevar a rango constitucional las cuotas arcoíris, a fin de que las personas trans y dela comunidad LGBTI+ tengan garantizado el acceso a candidaturas; la tipificación de los crímenes de odio y garantizar el acceso a la identidad de género en todo Columna Digital, son algunas de sus iniciativas.
Por su parte, Victoria Sámano, fundadora de la colectiva Lleca, coincidió en la necesidad de “retomar los procesos legislativos,que ya se habían olvidado, como el reconocimiento de las infancias trans”.
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