Integrarán como delito que amerita prisión preventiva oficiosa el tráfico de armas los Diputados para contener este tipo delictivo.
De aprobarse, la reforma que ahora se encuentra en el Senado para su discusión y eventual votación prevé agregar al Artículo 19 de la Constitución este delito, por lo que en caso de que una persona sea acusada de cometerlo podrá ser detenida y encarcelada mientras se lleva a cabo su proceso, sin siquiera ser declarada culpable.
Al respecto, las organizaciones México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) y Elementa DDHH hicieron un llamado a la Cámara Alta para frenar su avance y que ésta no pueda entrar en vigor, pues consideran que es un despropósito que no atiende la regulación de armas de manera integral.
“La PPO es una figura abiertamente violatoria de derechos humanos, reconocida como tal por instancias nacionales e internacionales de derechos humanos pero, además, que el tema de regulación de armas debe de ser abordada desde una perspectiva integral, con base en evidencia, desde un enfoque de seguridad ciudadana y la participación directa de diversos sectores sociales”, agregó MUCD en un comunicado.
El que esta iniciativa pueda ser aprobada por los senadores es preocupante porque, explica Documenta, basta con que a una persona se le señale de estar relacionada con este ilícito para ser encarcelada, situación que afecta principalmente a las personas de escasos recursos y con bajos niveles de escolaridad.
Elementa recordó, además, que la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha señalado que dicha medida viola el derecho a la presunción de inocencia, la libertad personal, es discriminatoria, entre otras afectaciones.
Por su parte, MUCD advirtió que a pesar de que el tráfico ilegal de armas y municiones, principalmente desde Estados Unidos, genera repercusiones a la seguridad pública del país, el debate en la Cámara de Diputados se dio sin información, pues no existen datos suficientes “sobre el manejo, control, propiedad, trasiego y uso de armas, ya sea para fines lícitos o ilícitos”.
“El abordaje de la problemática del tráfico de armas requiere de respuestas de política pública, inteligencia y diplomacia encaminadas a la reducción de la oferta, monitoreo y rastreo de estos artefactos, controles fronterizos, cooperación bilateral, reducción del volumen interno de armas, regulación de empresas, reducción de la demanda, fomento de la seguridad ciudadana, entre otras medidas”, indicó la organización.
MUCD pidió al Senado que no se apruebe esta reforma y, en su lugar, abrir espacios de análisis para abordar esta problemática.
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