Encerrado en un centro de detención preventiva ruso desde el pasado 5 de abril, el universitario chino Haoyang Xu (21 años) aguarda a que su apelación le salve de ser deportado lejos de su pareja. Su delito, mostrar en redes sociales su vida junto a Gela Gogishvili (23 años), otro chaval georgiano con ciudadanía rusa. Ambos viven juntos desde 2021 en la ciudad de Kazán, en la ribera del Volga, y ambos pueden ser separados por la justicia rusa al aplicarles la nueva versión de la llamada ley contra la propaganda LGTBIQ. Su caso es uno de los primeros castigos ejemplares de la nueva legislación lgtbifóbica, firmada con su puño y letra por Vladímir Putin en diciembre, y su juicio refuerza otra tendencia igual de peligrosa, según algunos defensores de derechos humanos: las condenas se han disparado en los últimos meses y se centran en castigar especialmente a los extranjeros.
La pareja tiene más de 67.000 seguidores en su canal de YouTube. En su último vídeo juntos, Gogishvili y Haoyang denunciaban haber sido víctimas de numerosas amenazas homófobas. Por un lado, de varios grupos ultranacionalistas que se hicieron eco de su canal, incluido el diputado Alexánder Jinstein, del partido de Putin y promotor de la nueva ley. Por otro, de la propia maestra de Haoyang Xu, que reunió a sus estudiantes para advertirles de que la policía conocía el canal y de que debían respetar las tradiciones del país en el que vivían.
“En estos tiempos tan difíciles, cuando vivir y ser amados es tan aterrador para muchos; cuando aparecen leyes que los vetan como personas; cuando no todos pueden mostrarse abiertos; es necesario apoyarlos como nunca antes”, pedían Haoyang y Gogishvili a sus seguidores.
La denuncia del vigilante de un templo en la remota región de Altái sirvió en bandeja el arresto de los dos novios a la policía, que presuntamente investigó su canal. “Haoyang Xu publicó 19 vídeos que muestran relaciones sexuales no tradicionales con el ciudadano G. Z. Gogishvili. Es decir, siendo hombres, se besan, se abrazan y se tocan en diferentes partes del cuerpo, incluso en la zona genital”, recogía el atestado policial presentado contra el estudiante chino y al que ha tenido acceso el medio independiente Jolod, declarado agente extranjero por el Kremlin. Frente a esta versión, en los vídeos apenas se ve algo más que besos, además YouTube censura cualquier tipo de contenido pornográfico en sus canales.
https://www.youtube.com/watch?v=LgPbdz10dj0
Finalmente, las autoridades recibieron un revés este viernes. “El magistrado de Kazán se negó a juzgar a Gela Gogishvili por el mismo cargo que a Haoyang Xu. El caso ha sido devuelto al departamento de policía”, anunció la organización defensora de derechos humanos que les presta asistencia legal, Delo—LGBT. “Los tribunales solo devuelven los casos a la policía cuando es evidente y claro que ha hecho muy mal su trabajo. Cuando no hay suficientes pruebas, cuando es visible que no han sido profesionales”, recalca por videoconferencia Konstantín Boikov abogado de Delo—LGBT, declarada también agente extranjero por las autoridades.
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Entre otras irregularidades denunciadas por los abogados, no hubo un dictamen de un tribunal de primera instancia; la traducción de los vídeos fue hecha por la propia policía y no por traductores profesionales; los agentes no identificaron a ningún menor entre los seguidores; y tampoco tuvieron en cuenta que el canal mostraba en todo momento el indicativo obligatorio de que era para mayores de edad.
Pese a esta victoria parcial de su pareja, Haoyang Xu espera a que el tribunal supremo de Tatarstán decida si acepta o no su apelación contra su extradición. “No celebremos muy alto lo de hoy. Es una victoria, pero vivimos en Rusia, hay que tenerlo en cuenta”, advirtió Gogishvili a sus seguidores al conocer que su propia acusación quedaba en nada.
“Nos preocupa cuánto tiempo va a permanecer encerrado Haoyang Xu. En cada vídeo pueden buscar una violación de la ley. No está en el mejor escenario”, dice por su parte a Columna Digital Vladímir Kómov, socio principal de Delo—LGBT.
El estudiante chino no ha recibido ningún apoyo de su consulado, y Gogishvili visita a su pareja prácticamente a diario en su centro de detención preventiva, situado a unos 300 kilómetros de Kazán. Le lleva comida y denuncia que las condiciones del lugar son malas. “Haoyang ha recibido agua caliente hoy por primera vez en tres días. Y hace frío”, afirma el joven georgiano.
En el punto de mira de la nueva ley
Llama la atención que, siendo acusados por el mismo artículo legal, el 6.21.2 (”propaganda de relaciones sexuales no tradicionales entre menores”), cada miembro de la pareja fuera juzgado por un tribunal diferente. “Los casos han sido llevados a distintos niveles porque el asunto de Haoyang tiene un carácter político, choca no solo con la cuestión homófoba, sino con la nacionalista”, opina Kómov.
El activista hace hincapié en que los juicios por difusión de propaganda LGTBIQ, “relativamente pocos en comparación con otros delitos”, se han disparado en tiempos de guerra. Si en los últimos cuatro años apenas se registraron siete, desde diciembre ya son 14 bajo el nuevo marco legal, y a ello se suman más de un centenar de órdenes para eliminar contenido LGTBIQ en internet en los últimos cuatro meses, según ha podido constatar su organización. Asimismo, si antes apenas un 20% de los casos acababan en sentencia condenatoria; ahora todos son declarados culpables.
Delo—LGBT también hace hincapié en que la nueva ley está siendo utilizada para poner en el punto de mira en los extranjeros. De los nueve casos juzgados en Moscú, seis eran personas de fuera de Rusia y todas ellas fueron expulsadas, mientras que en la lejana Kamchatka también fue condenado otro ciudadano alemán, aunque no fue deportado.
“La ley tiene muchos aspectos. No solo los propios derechos humanos, sino sus otros usos”, denuncia Kómov, y añade: “Si hasta el año 2022 los legisladores se enfocaban en el argumento de la protección del menor para su ley contra la propaganda homosexual, ahora el discurso gira en torno a la defensa y la construcción del Estado, de los intereses nacionales”.
El abogado Konstantín Boikov opina en la misma línea: “Nuestro Gobierno emplea las investigaciones de las personas LGTBIQ con el objetivo de reforzar la política del Estado”, y subraya que las autoridades “afirman así que todo lo LGTBIQ es obra del enemigo, una forma de influir del colectivo occidental, de la OTAN, de los ucronazis”.
Además, la nueva legislación es suficientemente abierta para poder incriminar a cualquiera. “La palabra propaganda tiene un sentido en Europa, pero es diferente en la lengua rusa”, hace hincapié Boikov. “El juez considera que la propaganda es simplemente difundir información, no hacer un llamamiento a algo ni influir en nada”, matiza el abogado.
Boikov pone como ejemplo el caso del bloguero ruso Stásik Kudryav, el primero en ser acusado bajo la nueva ley “por hacer propaganda LGTBIQ entre adultos” al vestir en vídeo un vestido de mujer y haberse pintado con maquillaje. Boikov recuerda que durante el juicio preguntó al magistrado si no era también propaganda la vestimenta de una mujer que llevaba puestos unos vaqueros.
“¿Qué propaganda? Cada uno siente emociones diferentes hacia las cosas, no es un llamamiento a nada”, lamenta el abogado, preocupado por la utilización arbitraria de leyes como esta o la que persigue a quien desacredite las acciones de las fuerzas armadas rusas en la guerra de Ucrania. “Se utiliza la ley en beneficio propio. Basta con llamar a la policía, juzgar a alguien y multarle con 1.000 o 2.000 euros”, denuncia el letrado.
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