Las mujeres y niñas afganas son privadas del derecho humano básico de la educación debido a las restricciones impuestas por los talibanes, la milicia fundamentalista que controla el país desde el 15 de agosto de 2021. A pesar de la prohibición, muchas han buscado alternativas a la educación formal, como asistir a clases de inglés, otras materias o formación profesional en centros apoyados por ONG o Naciones Unidas.
Sin embargo, los talibanes han ordenado la clausura de estas instituciones en las provincias de Helmand y Kandahar, donde son considerados feudos de los fundamentalistas.
El Ministerio de Educación afgano ha instado a suspender todas las actividades educativas en estas provincias hasta nuevo aviso, alegando la necesidad de revisar los proyectos y actividades de estas instituciones y resolver temas controvertidos a escala nacional.
En este sentido, no se ha especificado cuáles son esos temas controvertidos ni se ha dado una fecha para la reanudación de las actividades educativas.
Desde septiembre de 2021, cuando se pospuso indefinidamente el regreso de las afganas mayores de 12 años a las aulas, 1,1 millones de niñas y adolescentes afganas han quedado excluidas de la educación formal, calcula la UNESCO. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura eleva a 2,5 millones el porcentaje de afganas en edad escolar privadas de educación. Además, casi el 30% de las niñas del país nunca ha accedido a la educación primaria, la única que aún permiten los talibanes. Cuando el 20 de diciembre de 2022 los fundamentalistas prohibieron la educación universitaria a las mujeres, 100.000 afganas que cursaban estudios superiores en centros públicos o privados fueron también expulsadas de sus clases.
De momento, Ajundzadá parece haberlo conseguido, como indican las sucesivas prohibiciones relativas a la educación de las afganas y la represión en aumento contra los activistas en favor de ese derecho, sometidos incluso a desapariciones forzadas. Es el caso de Matiullah Wesa, de 30 años, fundador de la ONG PenPath, que lleva desde el 27 de marzo en paradero desconocido, tras ser detenido por los servicios de inteligencia de los talibanes.
.@matiullahwesa es un activista por la educación en Afganistán, especialmente en el caso de las niñas. ¡Los talibanes lo han detenido!
LIBÉRALO https://t.co/z1NKxd4NjG
Por cada mil firmas enviaremos una carta postal a las autoridades para hacer aún más presión.
— Amnistía Internacional España (@amnistiaespana) April 13, 2023
La activista Laila Basim detalla desde Kabul a través de WhatsApp algunas de las claves que explican la desconfianza de los talibanes hacia los centros alternativos, ahora cerrados en Helmand y Kandahar, más allá de que muchas de sus estudiantes fueran niñas. Uno de esos motivos es que, en su gran mayoría, “están financiados por instituciones extranjeras”. Otro, que los talibanes pretenden “revisar el plan de estudios y el material didáctico, preparado por las instituciones que los financiaban”, recalca.
Parasto Hakim, directora de Srak, una organización que gestiona escuelas secretas para niñas en Afganistán, coincide con Basim. Apunta a dos aspectos, también por WhatsApp, desde un lugar que no revela “por motivos de seguridad”. Ella también cree que los talibanes quieren controlar lo que se enseña en esos centros educativos, pero otra clave que cita es “el dinero” que les permite funcionar. Esos fondos proceden a menudo de ONG y de Naciones Unidas, y escapan al control de los fundamentalistas. Hakim cita, por ejemplo, las escuelas comunitarias financiadas por UNICEF, a menudo en zonas remotas donde no existen otros colegios.
Esta activista denuncia que el cambio de los planes de estudio que los talibanes confirmaron hace meses obedece al propósito de convertir “todas las escuelas en madrasas [islámicas]”. Y alerta de que “el mundo habla de reabrir las escuelas de niñas, pero no se habla de lo que se está enseñando en los colegios de niños ni lo que se enseñaría a las adolescentes si los institutos [femeninos] reabrieran”.
El pasado 17 de diciembre, el diario Hasht-E Subh publicó un resumen del nuevo currículo escolar de los talibanes. En él, se propone eliminar asignaturas enteras y despojar a los libros de texto de todas las imágenes de seres vivos, especialmente de mujeres. Incluso en los libros de biología se descartará incluir cualquier representación de la anatomía humana.
Este nuevo plan de estudios, según el diario independiente, prohíbe “cualquier mención positiva a la democracia y los derechos humanos; el fomento de la paz, los derechos de la mujer y la educación”. La ONU se describe como una “organización maligna” y se borra también toda mención a las elecciones, la música, la televisión, la radio y las fiestas y celebraciones, incluidos los cumpleaños. Las figuras de científicos e inventores no musulmanes desaparecen, y se cita como ejemplo de nombre vetado a Thomas Edison, el inventor de la bombilla. Los manuales tampoco alertarán a los niños afganos del peligro de las minas terrestres. Muchas de ellas las plantaron los talibanes.
La ONU, dispuesta a abandonar Afganistán si las mujeres siguen sin poder trabajar en la organización
Naciones Unidas está dispuesta a tomar la “desgarradora” decisión de abandonar Afganistán en mayo, si los talibanes no revierten la decisión, anunciada el pasado día 5, de prohibir a las afganas trabajar para la ONU, declaró este martes en Nueva York a la agencia Associated Press (AP), Achim Steiner, el jefe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Steiner no cerró totalmente la puerta a la permanencia de la organización en Columna Digital asiático y preciso que los funcionarios de la ONU están negociando con los fundamentalistas con la esperanza de que haga excepciones a esa enésima prohibición a las mujeres del país, que tampoco pueden ya trabajar en las ONG, los bancos, ni la Administración, ni tampoco estudiar a partir de los 12 años.
“Es justo decir que, en el momento en el que estamos, todo el sistema de Naciones Unidas tiene que dar un paso atrás y reevaluar su capacidad para operar allí [en Afganistán]”, apuntó Steiner, que subrayó: “No se trata de negociar los principios fundamentales, los derechos humanos”.
Tras el anuncio del veto a las trabajadoras de la ONU, la organización pidió a todos sus empleados no esenciales, hombres y mujeres, que permanecieran en sus casas hasta el 5 de mayo, en señal de protesta por la decisión de las autoridades afganas.
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