El gobierno colombiano prometió en el 2020 sacar a la policía del Ministerio de Defensa, pero esta promesa nunca se cumplió. Ahora, el tema ha vuelto a salir a la luz y se ha convertido en un tema polémico, ya que no se tiene claro a dónde trasladar la policía. Esta situación ha generado preocupación entre los ciudadanos, pues la presencia de la policía en el Ministerio de Defensa tiene implicaciones en la protección de los derechos humanos.
El Ministro de Defensa ha propuesto llevar la policía a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una propuesta que ha sido criticada por diferentes sectores, pues la JEP es un tribunal que se encarga de juzgar a quienes se han visto involucrados en el conflicto armado en Colombia y no tiene las capacidades para hacerse cargo de temas policiales. Además, la policía no debería estar en un lugar donde se juzgan crímenes de guerra, ya que esto violaría el principio de separación de poderes.
La presencia de la policía en el Ministerio de Defensa ha generado diferentes denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos, tales como abuso policial y asesinatos de civiles. Además, esto ha generado una cultura en la que se promueve el uso de la fuerza para resolver los conflictos, lo que ha llevado a que la policía sea vista por algunos sectores como una entidad represiva.
En conclusión, la promesa de sacar a la policía del Ministerio de Defensa se ha empantanado por la falta de una propuesta clara sobre a dónde trasladarla. Esto ha generado preocupación entre los ciudadanos y ha hecho evidente la necesidad de separar la policía del Ministerio de Defensa para poder garantizar la protección de los derechos humanos. Es necesario que el gobierno tome decisiones valientes para garantizar la seguridad de la población y para restaurar la confianza en la policía.
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