El Tribunal de Cuentas rechazó la solicitud de Carles Puigdemont para declarar por videconferencia, argumentando que el expresidente de la Generalitat de Cataluña tardó un año en solicitar este método. Esta decisión se produce en el contexto del juicio por presunta malversación de fondos públicos durante el proceso independentista catalán de 2017.
Según el tribunal, Puigdemont no justificó debidamente el motivo por el cual no había solicitado la videconferencia antes, a pesar de que tenía conocimiento de que sería juzgado en España. Esta negativa a permitir la declaración por videconferencia ha generado controversia y ha sido objeto de debate en el ámbito político y legal.
La decisión del Tribunal de Cuentas ha sido criticada por algunos sectores, que consideran que se le está negando a Puigdemont la posibilidad de ejercer su defensa de manera adecuada. Sin embargo, desde el tribunal se argumenta que se trata de una cuestión de procedimiento y que se deben respetar los plazos y normativas establecidas.
En este contexto, la polémica en torno a la situación legal de Carles Puigdemont continúa, generando opiniones encontradas y debates sobre la garantía de los derechos procesales en casos de esta naturaleza. Mientras tanto, el proceso judicial seguirá su curso, y Puigdemont tendrá que enfrentarse a las decisiones y disposiciones del Tribunal de Cuentas en su condición de investigado en este caso.
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