En una nueva acción en el marco de la ley de seguridad nacional que entró en vigor en Hong Kong el año pasado, 14 activistas han sido encontrados culpables de delitos contra la seguridad nacional. Este es el mayor juicio bajo la controvertida ley, y ha sido visto como un ejemplo del creciente control del gobierno de Beijing sobre la política de Hong Kong.
Los cargos contra los activistas incluyen el haber organizado y participado en una asamblea no autorizada, y el haber promovido la secesión. Estos cargos son amplios y vagos, lo que ha preocupado a muchos observadores que temen que la ley pueda ser utilizada para reprimir la disidencia política de manera arbitraria.
La ley de seguridad nacional fue impuesta por Beijing luego de las protestas masivas que tuvieron lugar en Hong Kong en 2019. Los manifestantes, que exigían reformas democráticas y una mayor autonomía, habían sido criticados por el gobierno de China, que los calificó de terroristas y de separatistas.
Ahora, con estos juicios y con el eventual encarcelamiento de los activistas, el gobierno de Beijing ha enviado un claro mensaje de que no tolerará la disidencia en Hong Kong, y de que se tomarán medidas enérgicas para sofocar cualquier movimiento que pueda desafiar su autoridad.
Este último juicio ha recibido una crítica generalizada por parte de la comunidad internacional, incluyendo la ONU y los Estados Unidos, que lo han tachado de una violación de los derechos humanos y de la libertad de expresión. Sin embargo, esto no parece haber detenido las políticas de Beijing en Hong Kong, y se espera que la presión internacional continúe en los próximos meses.
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