Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa anunciaron que, en presencia de la falta de avances en la investigación sobre el paradero de sus hijos, cumplirán una jornada de búsqueda del 19 al 23 mayo en Guerrero.
Además, indicaron que el 26 de mayo, cuando se cumplan 80 meses de la desaparición de los jóvenes, saldrán a manifestarse en las calles de Iguala y en la Ciudad de México llevarán a cabo una marcha del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez.
“La voluntad política del actual Gobierno mexicano es clara, pero eso no alcanza. Desde marzo a la fecha estamos en la misma situación y la investigación y la búsqueda no presentan avances y no tenemos resultados”, dijo el abogado de los padres, Vidulfo Rosales, en un mitin este lunes en el centro de la capital mexicana.
Recordó que en México, según cifras del Gobierno, hay más de 85 mil desaparecidos y por ello mantienen su reclamo de justicia para saber dónde están los 43 jóvenes desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Ante los pocos avances, el abogado informó que el 8 de mayo se reunirán con distintas organizaciones en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, para maestros, para discutir el tema de los 43 y de los miles de desaparecidos en Columna Digital.
Posteriormente, del 19 al 23 mayo avanzó que los familiares de los estudiantes realizarán búsquedas en pueblos y ciudades de Guerrero “con nuestros recursos y aun sabiendo los riesgos por la pandemia”.
Añadió que “ya no puede haber más esperas ni reuniones” y por eso saldrán a ejecutar esas acciones, además de exigir la presentación con vida o conocer el paradero de los estudiantes.
En su intervención, el vocero de los padres, (*43*)ón Ortega, dijo que “son 79 meses de dolor, de rabia e impotencia de coraje y hasta la fecha no hemos podido tener los resultados que deseamos: ver los 43 estudiantes”.
Los circunstancias
Según la desacreditada versión oficial del Gobierno del presidente (*23*) Peña Nieto, los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron arrestados en Iguala en la noche del 26 de septiembre de 2014 por policías locales corruptos que los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los incineró en un basurero.
Este relato, conocido como la “verdad histórica”, ha sido cuestionado por los familiares y expertos independientes, que han señalado que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar y han apuntado a la participación de militares y policías federales en el caso.
El presente presidente, Andrés Manuel López Obrador, que en 2018 ordenó reiniciar las investigaciones, anunció el pasado 26 de septiembre, al cumplirse seis años de la desaparición, que había órdenes de captura contra militares y policías federales.
En noviembre fue arrestado el primer miembro del Ejército vinculado a lo sucedido esa noche, el capitán José Martínez Crespo, quien está acusado de delincuencia organizada.
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