La falta de seguridad social en México ha llevado al 66% de la población a acudir a clínicas y hospitales privados para recibir atención médica. Esta cifra es alarmante y muestra la desigualdad en el acceso a la salud en el país.
De acuerdo con estudios recientes, la mayor parte de la población que no tiene acceso a seguridad social son trabajadores informales, personas en situación de pobreza y jóvenes que recién han ingresado al mercado laboral.
Las consecuencias de esta situación no solo afectan al acceso a la salud, sino también a las finanzas personales de las familias mexicanas. Los elevados costos de atención médica en instituciones privadas pueden generar una carga económica significativa para los hogares de menores ingresos.
Es fundamental que el gobierno mexicano tome medidas para garantizar la seguridad social de todos los ciudadanos. Una opción es ampliar la cobertura de programas sociales que incluyan servicios médicos gratuitos y de calidad para quienes más lo necesitan.
A su vez, es importante destacar la labor de las organizaciones no gubernamentales y las clínicas comunitarias que han surgido como alternativas para brindar servicios de salud a la población marginada.
El acceso a la salud es un derecho humano fundamental, y es deber de cada país garantizarlo para todos sus ciudadanos sin excepción. En México, es necesaria una revisión y reforma del sistema de seguridad social para asegurar la protección y el bienestar de la población.
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