El presidente Andrés Manuel López Obrador alista una “reforma administrativa” para que los organismos autónomos dejen de serlo y vuelvan a formar parte de las secretarías de Estado, mientras que el Instituto Nacional Electoral (INE) se integraría al Poder Judicial.
“El planteamiento es: A ver, ¿por qué no son las dependencias del Ejecutivo, del Legislativo, del Poder Judicial las que atiendan esto? ¿Por qué estos poderes, supuestamente autónomos, independientes, que no tienen como función servir al pueblo, sino proteger a minorías?”.
El primer mandatario justificó que hace tres décadas no existían los organismos autónomos que hoy existen como el INE, el Inai, la Cofece o el IFT.
En ese entonces, todavía bajo el régimen que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) instauró por casi 70 años, el Ejecutivo federal tenía todo bajo su control.
“Del 94, principios de los (años) 90, a la fecha, hay muchísimos organismos autónomos, desintegraron al Estado… y crearon todos estos organismos”, aseguró.
Aunque López Obrador habló de una reforma administrativa, ésta tendría que ser constitucional porque la Carta Magna reconoce a los organismos autónomos de acuerdo con la función que tienen de proteger los derechos humanos, procurar justicia, organizar procesos electorales, entre otros. La Carta Magna otorga a los organismos públicos autónomos personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que los convierte en personas jurídicas de derecho público, con potestad normativa o reglamentaria.
En opinión del mandatario, la mayor parte de estos organismos “no hacen nada en beneficio del pueblo” y sus integrantes “ganan muchísimo” dinero.
“Es que hay institutos para todo. Era como el caso de los fideicomisos: cientos de fideicomisos. Nos ayudó mucho que se cancelaran porque nos ahorramos como 50 o 60 mil millones de pesos”, dijo.
De aprobarse su reforma, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) pasaría a formar parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) sería un apéndice de la Secretaría de la Función Pública.
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) se integraría a la Secretaría de Economía. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) regresaría a la Secretaría de Gobernación y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), encargado de medir la pobreza en México, estaría en manos de la Secretaría de Bienestar.
Sobre el caso particular del INE, López Obrador dijo que éste no regresaría a la Secretaría de Gobernación, como era antes, sino que se integraría al Poder Judicial para volverlo “verdaderamente” independiente. “Tiene que ser autónomo verdaderamente, es que ahora no lo es. Y podría estar en el Poder Judicial. Un poder autónomo, independiente, con gente íntegra, honesta, intachable, pero no lo que estamos ahora padeciendo”.
La última vez que la Segob organizó los comicios presidenciales fue en 1988, cuando Manuel Bartlett era titular de la dependencia. Esas elecciones, ganadas por el candidato oficial Carlos Salinas de Gortari, son recordadas por la caída del sistema. Del conflicto postelectoral surgió el PRD, del cual López Obrador fue dirigente nacional y candidato a la Presidencia dos veces.
Consultados sobre esta propuesta, el INE, el Inai y la Cofece declinaron dar una postura al respecto.
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