El último rastro de Claudia Uruchurtu lleva al Ayuntamiento de Asunción Nochixtlán, en el Estado mexicano de Oaxaca. La activista desapareció el pasado 26 de marzo tras participar en una protesta contra las autoridades. “Fue vista por última vez afuera del edificio municipal y después no regresó a casa”, comenta Sara Uruchurtu, su hermana. Un mes y medio después, las investigaciones volvieron al lugar donde empezó todo y la alcaldesa, Lizbeth Huerta ha sido arrestada como la principal sospechosa en el caso. Esta semana, un juez determinó que había evidencias suficientes para iniciar el juicio contra la presidenta municipal, postulada por Morena, y dos policías. A 50 días del crimen, sin embargo, la pregunta principal sigue siendo la misma: ¿Dónde está Claudia Uruchurtu? “En este punto, se esperaría que la alcaldesa y los otros detenidos cooperaran y dijeran dónde la tienen, pero son criminales, al final del día”, afirma la hermana, “piensan y actúan como criminales”.
Claudia Uruchurtu, de 48 años, vestía con una chamarra de mezclilla color azul oscuro, una camiseta blanca, unos jeans y una gorra negra, de acuerdo con la ficha de búsqueda. En la última protesta, los pobladores de Asunción Nochixtlán se manifestaron porque un empresario que había ido al Ayuntamiento a cobrar una factura que le debían las autoridades acabó golpeado y detenido. La golpiza llegó a tal punto que el hombre sufrió una fractura de cráneo y los manifestantes exigían que fuera liberado y trasladado a un hospital para recibir atención médica, cuenta la familia.
Uruchurtu llevaba ya varios años denunciando los desfalcos, el desvío de recursos y los abusos de poder en esa comunidad de la región mixteca de Oaxaca, donde seis de cada 10 habitantes viven en situación de pobreza o pobreza extrema, según datos oficiales. “Ella decía que no podía ser posible que se le robara a los más pobres de los pobres”, señala su hermana.
“Se convirtió en una persona muy incómoda para la presidenta municipal”, agrega. La activista acusaba a la alcaldesa de meter a su familia en la nómina del Ayuntamiento, presumir de joyas, relojes y ropa de lujo, y comprar coches último modelo mientras la población carecía de los servicios más básicos, como drenaje y calles pavimentadas. Ya con la pandemia, Uruchurtu denunciaba que la alcaldesa Huerta había utilizado recursos destinados a combatir la covid-19 para financiar su reelección en las votaciones del próximo 6 de junio. “Morena debe pedir perdón y no votos” fue el reclamo de los familiares de Uruchurtu tras la detención de la política el pasado 7 de mayo. “No son irregularidades evidentes, sino desafiantes”, explica su hermana, aunque matiza que “hay criminales en todos los partidos políticos”.
La familia asegura que conforme Uruchurtu documentaba las denuncias, se incrementaron los ataques en su contra. “La presidenta tiene un grupo que controla e intimida a la población: La tenían monitoreada, sabían donde vivía e iniciaron una campaña de desprestigio”, dice la hermana de la víctima y asegura que la intimidación había escalado al punto de sufrir robos y agresiones físicas contra ella y su hijo. “Se fue volviendo cada vez más personal”, lamenta. La familia de Huerta, en cambio, sostiene que es inocente y que se trató de una “detención arbitraria” y con “abuso de poder”.
La búsqueda llegó tarde. Oaxaca aún no cuenta con una Comisión Estatal de Búsqueda, a pesar de que tenía que entrar en funciones desde abril de 2018. Las pesquisas en el terreno empezaron unos 20 días después de la desaparición forzada, a mediados de abril. El caso ha tenido dos pistas: el proceso judicial contra los responsables y el rastreo de la víctima. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se haría justicia, sin importar que Huerta perteneciera a su partido político. “Confiamos en las autoridades y en que se hará justicia”, afirman sus familiares.
Uruchurtu tiene nacionalidad mexicana y del Reino Unido. Y el caso ha llegado hasta las puertas del Parlamento británico, donde los representantes de las familias han hecho exhortos al Gobierno mexicano para esclarecer los hechos. La Organización de las Naciones Unidas también se ha unido a los reclamos para su aparición con vida, junto a varias asociaciones civiles en Oaxaca. López Obrador adelantó el pasado martes que un testigo protegido en la investigación asegura que la activista fue asesinada. “La orden había salido supuestamente de la presidenta municipal”, dijo el mandatario. El fiscal del Estado, Arturo Peimbert, que ha apoyado a los familiares en el proceso de búsqueda, también señaló a la prensa que lo más probable es que “se encontrara sin vida”, aunque todavía no se descarta ninguna línea de investigación.
“Lo último que podemos hacer es perder la esperanza”, dice Sara Uruchurtu y extiende el llamado a cualquier persona que la haya visto a dar cualquier información sobre su paradero. “En este país a la gente la encuentran los familiares y las comunidades, por eso necesitamos que la ciudadanía nos ayude”, pide su hermana. La crisis de violencia que ha azotado a México en las últimas décadas se salda con más de 80.000 personas desparecidas y en una inmensa mayoría los delitos quedan impunes. “Este puede ser un caso ejemplar, que sea un parteaguas en la crisis que se vive en Columna Digital”, sentencia Uruchurtu sobre la posibilidad de hacer justicia y hallar a su hermana. La primera parte se saldará en cuatro meses, la fecha prevista para iniciar el juicio, un proceso que Huerta y los dos policías detenidos enfrentaran tras las rejas. La segunda sigue siendo una herida abierta: localizar a Claudia Uruchurtu, la activista que no se calló ante la corrupción en Oaxaca.
