El allanamiento el pasado jueves de la sede de la revista Confidencial por parte de la policía del régimen de Daniel Ortega y la detención de periodistas durante la acción —incluyendo corresponsales de medios extranjeros— es una nueva demostración de la senda totalitaria en la que se halla sumida Nicaragua por voluntad de un mandatario y su círculo, ajenos completamente a la grave situación económica del país, el notable descontento social y el amplio aislamiento internacional.
Ortega, de 75 años y en el cargo desde 2007, se dispone a buscar la tercera reelección consecutiva como presidente el próximo noviembre, en medio de acusaciones de graves violaciones de los derechos humanos y de socavar la institucionalidad democrática del país, estrategia que incluye la persecución a la prensa opositora y la intimidación personal contra sus profesionales. Algunos de los detenidos el jueves fueron trasladados —y posteriormente liberados— a instalaciones denunciadas como centros de tortura por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Pero la persecución a la prensa libre es apenas una faceta de una amplia ofensiva. La Asamblea Nacional, controlada por Ortega, ha reformado a medida del mandatario la ley electoral. También está en sus manos el Tribunal Electoral, violando así cualquier arbitraje ecuánime ante las elecciones de noviembre. Además, y entre otras disposiciones escandalosas, la policía —de nuevo, controlada por Ortega— será la encargada de autorizar actos políticos y manifestaciones, e impide de facto participar a candidatos acusados por el régimen en las protestas de 2018 calificadas por Ortega y sus colaboradores como intento de golpe de Estado.
Apoyado en el Ejército, insensible a las críticas de organismos defensores de los derechos humanos y ajeno a cualquier sugerencia de los organismos internacionales, el mandatario nicaragüense continúa en la senda autoritaria haciendo totalmente irreconocible a la figura que se alzó contra la dictadura de Anastasio Somoza.
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