El día que iba a morir, el 25 de mayo de 2020, George Floyd fue a comprar tabaco a una tienda que frecuentaba en Minneapolis, en la esquina de la calle 38 y la Avenida Chicago. Se había despertado como un hombre completamente anónimo, un hombre negro de 46 años y vida atribulada, llena de altibajos, de caídas y resurrecciones, problemas con drogas, algún tiempo en la cárcel, ganas de salir adelante, de luchar. Pero ese 25 de mayo, el último de su vida, formaba parte de los tiempos aciagos. Se había quedado sin trabajo por la pandemia. Había vuelto a consumir. Un dependiente llamó a la policía porque le había pagado con un billete falso de 20 dólares.
Este martes se cumple un año del brutal arresto y muerte de Floyd a manos del agente Derek Chauvin, el caso que provocó una catarsis nacional y sentó la base para impulsar cambios profundos en la policía y la justicia. En el histórico juicio del pasado abril, Chauvin fue condenado por los tres cargos de homicidio imprudente por los que fue imputado, una decisión dura e infrecuente para policías en acto de servicio, muy protegidos por la ley, en lo que quedó claro que era un punto de inflexión. Floyd da ahora nombre a una ley de reforma policial que se debe debatir en el Congreso. Y en la Casa Blanca hay ahora un presidente, Joe Biden, que habla sin matices del “racismo sistémico” en Estados Unidos.
Pero la violencia en las calles no dejó de crecer en las grandes ciudades en el 2020 de la pandemia y los llamamientos para restar fondos y competencias a los departamentos de la policía, una reivindicación de los sectores más radicales del Partido Demócrata y del movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan), se ha dado de bruces con esta realidad. En Minneapolis, donde comenzó todo, una tercera parte de los agentes (200 uniformados) han dimitido o tratado de dejar el puesto desde lo ocurrido.
El jefe del departamento, el afroamericano Medaria Arredondo, ha denunciado un recorte de 8 millones [unos 6,5 millones de euros] en el presupuesto decidido en diciembre, dentro de la política para invertir en servicios y alternativas a la fuerza policial. “No podemos hacer esto solos”, se quejó esta semana en rueda de prensa. En Los Angeles, donde los políticos locales habían acordado reducir en un 8% el presupuesto tras el caso Floyd, se acaba de dar luz verde a la contratación de otros 250 agentes para dar respuesta al aumento de la violencia, ya que el número de asesinatos ha aumentado un 36% en un año. Nueva York sufrió cerca de 500 homicidios en 2020, el máximo en 10 años.
La presión sobre la justicia también ha crecido. Apenas una semana antes de que comenzara el juicio contra Chauvin, un joven negro llamado Daunte Wright murió cuando trataba de zafarse de una detención de tráfico en Brooklyn Center, un suburbio de Minneapolis, porque, según dijo el jefe de la policía, la agente blanca que trataba de arrestarlo confundió la pistola paralizante con la real. El fiscal que había asumido el caso, Pete Orput, acaba de abandonarlo. Orput ha imputado a la policía, Kim Potter, con un delito de homicidio imprudente y las protestas de los activistas, que reclamaban la acusación de asesinato, llegaron a las puertas de su casa. El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, anunció el viernes que su oficina tomaría el relevo y revisará los cargos.
Este martes se esperan manifestaciones en la calle en recuerdo de Floyd. Biden, que recibirá a su familia en la Casa Blanca, ha pedido al Congreso que acelere la reforma policial. La nueva ley incluye la creación de un registro de malas conductas policiales y la prohibición de algunas técnicas de inmovilización como la del ahogamiento que mató a Floyd. Ha salido adelante en la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, pero necesita el apoyo de los republicanos en el Senado. Las causas de fondo por las que un hombre negro tiene más probabilidades que un blanco de morir en una detención policial, de exclusión y la desigualdad, siguen vigentes.
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