En medio de un ambiente creciente de represión y autoritarismo en distintas partes del continente, el caso del inmigrante salvadoreño Kilmar Abrego García ha causado gran indignación y visibilidad mediática. Deportado por error desde Estados Unidos a El Salvador, Abrego García fue privado de su derecho al debido proceso, a pesar de contar con una orden judicial que impedía su retorno y sin haber sido condenado por ningún delito. La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó de forma unánime su liberación, pero tanto el expresidente Donald Trump como el presidente salvadoreño Nayib Bukele se han negado a acatar el fallo, ignorando incluso que funcionarios estadounidenses reconocieron que se trató de un “error administrativo”.
Kilmar es uno entre cientos de migrantes que podrían enfrentar destinos similares en un futuro cercano, sobre todo con el auge de políticas que criminalizan la migración y desprecian los derechos humanos. El director de la organización salvadoreña de derechos humanos Cristosal, Noah Bullock, reveló que Estados Unidos pagó 6 millones de dólares a El Salvador para encarcelar migrantes, lo que ha sido interpretado como una forma de subcontratar la represión. La administración Trump ha sido acusada por organizaciones de derechos humanos de desaparecer estudiantes y manifestantes, lo que hace temer que el modelo de encarcelamiento masivo salvadoreño se replique contra críticos en territorio estadounidense.
Bukele ha ofrecido el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), su cárcel de máxima seguridad denunciada por prácticas de tortura, como destino para estos prisioneros. En sus instalaciones, que se encuentran bajo un régimen de excepción desde marzo de 2022, hay miles de prisioneros sin antecedentes penales ni condenas judiciales. Según la organización Socorro Jurídico, al menos 26 mil de los más de 80 mil detenidos en ese marco no han sido juzgados ni tienen historial criminal.
El senador demócrata Chris Van Hollen intentó visitar a Kilmar en prisión, pero fue rechazado por las autoridades salvadoreñas, mientras legisladores republicanos son bienvenidos para exhibir las cárceles y sus condiciones extremas. La situación recuerda la narrativa de Trump, quien ha calificado a los migrantes como una “peste” que “contamina la sangre” de Estados Unidos, reforzando un discurso xenófobo que vincula el endurecimiento de políticas migratorias con la deshumanización de poblaciones vulnerables.
Simultáneamente, Bukele ha desatado una ofensiva contra defensores del medio ambiente, en un contexto en el que su gobierno ha eliminado la ley de 2017 que prohibía la minería metálica en El Salvador. Esta legislación había sido fruto de años de lucha de comunidades, organizaciones religiosas y ambientales que buscaban proteger los ríos del país. En lugar de respetar ese consenso, Bukele ha promovido la explotación minera y perseguido a líderes ambientalistas, incluso reabriendo juicios contra cinco defensores del agua absueltos en 2024, acusados sin pruebas de crímenes cometidos durante la guerra civil.
En respuesta, más de 57 mil firmas ciudadanas, junto a 150 mil recogidas por la Iglesia Católica, han sido entregadas a la Asamblea Legislativa en demanda de la inconstitucionalidad de la nueva Ley General de Minería. La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica ha expresado que esta movilización es apenas una muestra del rechazo generalizado de la población salvadoreña a los intentos del gobierno de imponer un modelo extractivista que amenaza los recursos naturales del país.
En el plano internacional, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha optado por una posición de mesura frente a las críticas de Bukele, quien ha atacado al gobierno mexicano por no implementar su estilo de “mano dura” en los 28 estados del país, erróneamente citados. Sheinbaum ha insistido en una visión humanista y en la defensa del Estado de derecho, advirtiendo sobre las terribles consecuencias del autoritarismo.
Estados Unidos, por su parte, ya ha certificado al gobierno salvadoreño en relación con la corrupción y violaciones a los derechos humanos. El secretario de Estado, Marco Rubio, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, han visitado recientemente El Salvador, reflejando el creciente interés de Washington en lo que ocurre en el país centroamericano.
Ante estos hechos, diversas voces insisten en que es momento de que gobiernos como el de México asuman una postura firme frente a la represión institucionalizada y denuncien internacionalmente las políticas autoritarias que amenazan los derechos humanos en la región.
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