El uso de herramientas de Inteligencia Artificial por parte del gobierno mexicano se ha convertido en una práctica cada vez más común en los distintos niveles y poderes del Estado. De acuerdo con el Reporte de Algoritmos Públicos 2024, elaborado por los investigadores César Rentería y Jorge Ordelín del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), actualmente se identifican al menos 119 herramientas de este tipo utilizadas por instituciones públicas en México.
El estudio revela que estas aplicaciones están presentes en los tres poderes de gobierno —Ejecutivo, Legislativo y Judicial—, así como en los niveles federal, estatal y municipal. De estos, el Poder Ejecutivo es el que concentra el mayor uso de inteligencia artificial, tanto en el ámbito federal como en los gobiernos estatales y locales. La mayoría de las herramientas identificadas son chatbots o interfaces conversacionales diseñadas para ofrecer atención a la ciudadanía. Estos sistemas automatizados permiten resolver dudas frecuentes, facilitar el acceso a trámites y ofrecer orientación básica sobre procedimientos públicos, lo que representa un paso importante hacia la digitalización de los servicios gubernamentales.
En el desglose por entidad federativa, la Ciudad de México destaca como la que más herramientas emplea, con un total de once aplicaciones identificadas. Le siguen el Estado de México con ocho y Querétaro con seis. Estos datos reflejan una tendencia creciente en la adopción de tecnologías emergentes en regiones con una infraestructura digital más desarrollada o con políticas públicas más enfocadas en la modernización administrativa.
Pese a los avances, los autores del informe advierten que aún existe poca transparencia en torno al funcionamiento de estos algoritmos. En muchos casos no se cuenta con información clara sobre cómo toman decisiones, qué datos utilizan o qué impacto pueden tener en los derechos de los ciudadanos. El reporte hace un llamado a establecer mecanismos más sólidos de rendición de cuentas que permitan evaluar el desempeño y las implicaciones éticas del uso de la inteligencia artificial en la gestión pública.
El trabajo del CIDE subraya la necesidad de fomentar un debate informado sobre el papel que deben jugar estas tecnologías en las instituciones del Estado, y la urgencia de garantizar que su aplicación no sustituya el criterio humano ni comprometa principios como la equidad, la legalidad y la protección de datos personales.
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