Un juez federal en Estados Unidos emitió este jueves un fallo que impide al presidente Donald Trump retener fondos federales a las llamadas “ciudades santuario”, en respuesta a su negativa de colaborar con autoridades migratorias federales para la detención y deportación de personas migrantes en situación irregular.
Ciudades como San Francisco, Chicago y Nueva York mantienen políticas locales que prohíben a sus funcionarios proporcionar información a las agencias federales sobre la situación migratoria de sus habitantes, salvo en casos excepcionales. Estas políticas buscan proteger a las comunidades migrantes y evitar que el miedo a la deportación impida el acceso a servicios básicos como salud, educación o protección policial.
La administración Trump había amenazado con cortar fondos federales —especialmente los destinados a transporte e infraestructura— a estas ciudades, como parte de su agenda de mano dura contra la migración irregular. Sin embargo, el juez Stephen Miller, del Distrito Norte de California, dictaminó que ni el presidente ni su gobierno pueden condicionar esos recursos a la cooperación en políticas migratorias. En su orden escribió que Trump y su administración “quedan por la presente restringidos y prohibidos de tomar directa o indirectamente cualquier acción para retener, congelar o condicionar fondos federales” por estas razones.
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha redoblado sus esfuerzos para cumplir su promesa de campaña de deportar a millones de migrantes. Entre sus medidas más polémicas, ha utilizado aviones militares para expulsiones masivas, ha buscado cancelar visados de estudiantes extranjeros que se manifiestan en su contra y ha apelado a leyes del siglo XVIII —históricamente reservadas para tiempos de guerra— para justificar deportaciones colectivas, como ocurrió recientemente con cerca de 300 personas salvadoreñas acusadas de vínculos con pandillas.
Además, su administración intenta revocar permisos de residencia temporal a más de medio millón de migrantes originarios de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que habían ingresado legalmente a Estados Unidos bajo un programa humanitario aprobado por el expresidente Joe Biden. Un juez federal ya bloqueó esta intención la semana pasada, evitando por ahora la cancelación del estatus migratorio de cientos de miles de personas.
La situación genera un creciente enfrentamiento entre los gobiernos locales y federales, en un contexto donde la migración vuelve a ser uno de los temas más polarizantes en la agenda política estadounidense. Mientras Trump endurece su retórica y acciones, las ciudades santuario y las organizaciones de derechos humanos insisten en la necesidad de una política migratoria más humana y respetuosa de los derechos fundamentales.
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