La tensión entre la Universidad de Harvard y la administración del presidente Donald Trump continúa escalando, en medio de una batalla judicial y un clima político marcado por acusaciones cruzadas. La universidad, una de las más prestigiosas del mundo, presentó el lunes una demanda contra el gobierno federal exigiendo la restitución de 2,200 millones de dólares en fondos federales que fueron congelados recientemente por decisión del Ejecutivo. Esta acción legal se produce en el marco de una ofensiva más amplia de la Casa Blanca contra instituciones educativas a las que acusa de fomentar el antisemitismo y promover ideologías contrarias a los valores tradicionales estadounidenses.
Donald Trump, desde su plataforma Truth Social, respondió con dureza a la demanda, calificando a Harvard como una “amenaza para la democracia” y un “desastre liberal”. El mandatario también se quejó de que la universidad haya aceptado a estudiantes “de todo el mundo que quieren destrozar nuestro país”. Estas declaraciones se suman a sus recientes señalamientos en los que calificó a Harvard como una “institución antisemita de extrema izquierda”.
En un contexto de creciente tensión en los campus universitarios, especialmente tras las masivas protestas contra la guerra en Gaza que sacudieron a decenas de instituciones educativas, Trump ha endurecido su postura. Su administración sostiene que dichas manifestaciones estuvieron plagadas de antisemitismo, y ha respondido con medidas severas, incluyendo la revocación de visados y la deportación de estudiantes extranjeros implicados en las protestas. En el caso de Harvard, la universidad sancionó a 23 estudiantes y negó títulos a otros 12, según los organizadores de las movilizaciones.
Como parte de su estrategia para restringir el acceso a fondos públicos a instituciones consideradas hostiles a sus políticas, Trump firmó una orden ejecutiva que modifica los criterios con los que el gobierno federal otorga becas y préstamos estudiantiles. La nueva normativa busca penalizar a aquellas universidades que, según la administración, aplican medidas de “discriminación ilegal” bajo el argumento de promover la diversidad racial y étnica. Esta disposición ha sido vista por muchos como un intento de socavar las políticas de inclusión en la educación superior.
Las acciones del presidente han provocado fuertes reacciones. Varios senadores demócratas de origen judío, incluyendo al líder del partido en el Senado, Chuck Schumer, denunciaron que Trump está instrumentalizando el antisemitismo con fines políticos. En una carta conjunta, afirmaron: “Rechazamos cualquier política o acción que fomente o se aproveche del antisemitismo y enfrente a las comunidades entre sí; y condenamos inequívocamente la explotación de las preocupaciones reales de nuestra comunidad sobre el antisemitismo para socavar las normas y los derechos democráticos”.
Paralelamente, la ofensiva del gobierno ha enfrentado obstáculos en los tribunales. Este jueves, un juez del estado de Nuevo Hampshire falló en contra de los intentos de Trump de recortar fondos a las escuelas públicas que aplican políticas de igualdad y diversidad. Aunque el fallo no tiene alcance general, protege específicamente a instituciones que emplean miembros del mayor sindicato de profesores del país, la Asociación Nacional de Educación (NEA), y al Centro para el Desarrollo de Educadores Negros (CBED), una organización sin fines de lucro dedicada a fomentar la contratación de docentes afroamericanos.
El presidente de Harvard, Alan Garber, declaró que la universidad ha sido objeto de “numerosas investigaciones” por parte de la administración Trump, lo que refuerza la percepción de que se trata de una campaña sistemática para amedrentar a instituciones académicas que no se alinean con la ideología oficial. A medida que la confrontación se intensifica, el caso se perfila como un nuevo campo de batalla en la lucha por la libertad académica, la diversidad en la educación y la defensa de los derechos civiles en Estados Unidos.
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