La familia de Neri Alvarado Borges, un venezolano que residía en Lewisville, Texas, se encuentra en una lucha por respuestas tras la deportación de su ser querido a una prisión de máxima seguridad en El Salvador. A pesar de ser solicitante de asilo y no tener antecedentes penales, Neri fue trasladado sin que su familia recibiera una notificación previa, enterándose de su situación solo a través de un informe que mencionaba a más de 200 inmigrantes deportados.
Neri Alvarado trabajaba en Latin Market Venezuelan Treats, un pequeño negocio local que, según testimonios familiares, ha perdido su vitalidad desde su partida. Su hermana mayor, Izaida Alvarado, expresó su dolor tras la deportación, resaltando la cercanía que compartían. “Me siento muy triste, muy triste, porque era una persona muy cercana a mí”, comentó, recordando su última conversación.
A finales de febrero de 2025, Neri fue detenido por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Durante su detención en Texas, las autoridades decidieron revisar su teléfono móvil, redes sociales y tatuajes, concluyendo que no existían vínculos entre él y la organización criminal Tren de Aragua. La familia sostiene que los tatuajes de Neri son de carácter personal, incluyendo un homenaje a su hermano menor con autismo.
Investigaciones realizadas no revelaron registros criminales de Neri, pero un vocero de ICE informó que el 24 de febrero de 2025 fue arrestado y arrestado bajo la autoridad del Título 8, que permite una rápida deportación de inmigrantes. Un juez de inmigración emitió una orden de deportación el 5 de marzo de 2025.
Este uso del Título 8 ha generado alarmas entre defensores de derechos de los inmigrantes. La abogada Tessy Ortiz expresó sus preocupaciones, argumentando que el proceso permite la deportación sin un debido proceso legal claro. “Desafortunadamente, eso es lo normal”, comentó Ortiz, corroborando que muchos solicitantes de asilo están siendo despojados de sus derechos.
A pesar de las alegaciones del gobierno federal de que muchos migrantes deportados son criminales, las evidencias en el caso de Neri no respaldan esas afirmaciones. Su traslado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, destinado a recluir a presuntos criminales, ha afectado profundamente a su familia.
Izaida Alvarado ha expresado su frustración por la falta de comunicación oficial desde ICE, enfatizando que su hermano es inocente y que merece una oportunidad para demostrarlo. “No es justo llevarlos a una prisión tan mala”, lamentó.
La familia de Neri Alvarado adjudica la falta de información a un sistema que ignora la humanidad detrás de cada caso. La prioridad de sus familiares es lograr su liberación y regresarlo a Venezuela. Este caso resalta las preocupaciones sobre las políticas migratorias rápidas que afectan a solicitantes de asilo, subrayando la necesidad de un proceso más exhaustivo que contemple la situación legal y personal de cada individuo.
Mientras la familia mantiene la esperanza de un desenlace positivo, se enfrentan a la cruda realidad de un sistema que podría estar eludiendo la justicia en su búsqueda de respuestas.
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