Los congresistas republicanos están impulsando una propuesta que concede al presidente Donald Trump la facultad de imponer un cobro mínimo de 1,000 dólares a los migrantes que busquen asilo en Estados Unidos. Esta iniciativa, presentada por el comité judicial de la Cámara de Representantes dirigido por miembros del Partido Republicano, contempla también la posibilidad de incrementar este monto o establecer nuevas tarifas adicionales para quienes intenten obtener refugio en el país.
Las cifras de la Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional revelan que, en 2023, alrededor de 54,000 extranjeros lograron obtener asilo en Estados Unidos. Entre estos, varios provenían de Afganistán, donde el costo de 1,000 dólares representa el salario de dos años y medio en su economía, mientras que en Venezuela, se estima que se necesita aproximadamente tres meses para reunir esta cantidad.
El comité destaca que la administración de Trump y los republicanos están decididos a fortalecer la integridad del sistema migratorio, mejorar la seguridad nacional y regular el estado administrativo que, a su juicio, ha estado fuera de control. La propuesta busca integrar cuestiones migratorias en un proyecto más amplio de ley que aborda diversas medidas de la agenda de Trump, incluyendo recortes fiscales, restricciones migratorias y un incremento en la producción energética.
Por primera vez en la historia de Estados Unidos, esta medida contempla cobrar a los refugiados una tarifa por solicitar asilo. Además del cobro inicial de 1,000 dólares, se establecerían precios para diversas transacciones migratorias: 1,000 dólares para quienes buscan permisos temporales, 550 dólares semestrales para permisos de trabajo y 1,500 dólares para aquellos que deseen ajustar su estatus para conseguir la codiciada tarjeta verde ante un juez de inmigración.
La propuesta también prevé un alto costo para aquellos que se ofrezcan como patrocinadores de menores liberados de la custodia federal, fijando la tarifa en 8,500 dólares, con la devolución de 5,000 dólares si el menor no es deportado por falta de comparecencia a juicio.
Expertos en inmigración, como Aaron Reichlin-Melnick de la American Immigration Council, han señalado que el costo propuesto podría disuadir a la mayoría de los posibles patrocinadores. Finalmente, el proyecto de ley incluye financiamiento para añadir 10,000 nuevos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y para investigadores del Departamento de Seguridad Interior (DHS).
Este análisis refleja la complejidad y las implicaciones que las nuevas tarifas pueden tener en el sistema migratorio estadounidense, y los críticos advierten sobre el reto humanitario que representa esta política para los solicitantes de asilo, en un contexto donde la migración es un tema candente tanto a nivel nacional como internacional.
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