El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tomado una decisión relevante en relación con la sentencia dictada en 2018 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto al caso de las “Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs México”. Este fallo, que tiene su origen en los hechos ocurridos en mayo de 2006, cuando once mujeres fueron detenidas y sufrieron tortura y abuso sexual por parte de autoridades de seguridad en Texcoco y San Salvador Atenco, sigue marcando un hito en la búsqueda de justicia para las víctimas.
La SCJN ha aprobado por unanimidad que la obligación del Poder Judicial de la Federación (PJF) de actuar en consecuencia con la sentencia de la CIDH estará supeditada a la finalización de las investigaciones que se están llevando a cabo. En el expediente 2/2023, se discutió la participación del PJF en la ejecución del fallo y se determinó que, actualmente, no existe una obligación específica que exija una intervención inmediata por parte de este órgano judicial.
Alberto Pérez Dayán, un destacado integrante de la SCJN, subrayó que la condena emitida por la CIDH es consecuencia de la falta de cumplimiento del Estado mexicano en garantizar los derechos de estas mujeres, enfatizando que, sin las diligencias correspondientes en la investigación de sus casos, no se puede avanzar hacia un juzgamiento efectivo. Así, la obligación de juzgar a los responsables está condicionada a primero esclarecer los hechos y determinar la competencia de los órganos jurisdiccionales.
Este proceso destaca la importancia de que las autoridades competentes realicen las investigaciones adecuadas, ya que solo a partir de ahí se podrá establecer si los eventos denunciados corresponden al ámbito del PJF y, por ende, si se requiere acción judicial inmediata. La SCJN ha dejado claro que, en este momento, no hay evidencia de la necesidad de dicha actuación, sugiriendo que se requiere un enfoque metódico y riguroso en la búsqueda de justicia.
Este caso, que ha capturado la atención del público y de organizaciones de derechos humanos, resalta la lucha continua por la dignidad, el respeto y la justicia para las víctimas de violencia de género en México. La historia de estas once mujeres sigue siendo un recordatorio de la trascendencia de garantizar que los derechos humanos sean realmente defendidos y respetados en el país.
La fecha de esta información es del 29 de abril de 2025, y se presenta como un tramo crucial en el camino hacia la justicia, argumentando que la resolución efectiva de estos casos tiene que ser abordada con la seriedad y el compromiso que el contexto exige.
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