La reciente queja de Brooke Rollins, representante de la Agricultura de Estados Unidos, sobre los obstáculos oficiales que afectan la lucha contra el gusano barrenador, fue rápidamente atendida por México, aunque esta resolución fue comunicada a Washington mientras en el país se debatía cómo informar al respecto. Es interesante notar cómo la presidenta Sheinbaum señaló a Kristi Noem, secretaria de seguridad nacional, que México ha devuelto medio millón de migrantes antes de que llegaran a la frontera. La titular de Homeland Security se hizo eco de esta afirmación, añadiendo que tal acción se debió a la presión ejercida por Trump.
Este contexto plantea la pregunta de si el gobierno federal reconsiderará el micromanagement característico del lopezobradorismo, el cual podría transformar lo que eran simples respuestas lentas a la dinámica rápida de la Casa Blanca en una parálisis informativa que podría resultar costosa en términos políticos.
En el ámbito de las negociaciones del T-MEC, que se anticipan para el próximo otoño, se perciben señales de una mayor injerencia en cuestiones sindicales, así como demandas sobre violaciones a la propiedad intelectual. La situación en este último aspecto se complica, ya que durante el anterior sexenio se aprobaron leyes sin que se desarrollaran los reglamentos o leyes secundarias necesarios para su aplicación efectiva. La falta de un cronograma que obligue a los asesores legales y al Congreso a atender las tareas pendientes podría generar aún más obstáculos para los negociadores mexicanos en el tratado.
Desde la aprobación de la Reforma Judicial en el Senado el pasado 11 de septiembre, se reconoce que el sistema de justicia de la República está sufriendo cambios significativos que lo colocan bajo el control de la Presidencia. Sin embargo, los defensores del oficialismo parecen desestimar las críticas, etiquetando cualquier disenso como sesgo político y desconociendo el derecho de los ciudadanos a opinar en desacuerdo con el gobierno.
A partir de agosto, la nueva integración de la Suprema Corte y el reemplazo de la mitad del poder judicial federal, junto con la inminente remoción de numerosos jueces y magistrados estatales, señala que el país se adentrará en un terreno desconocido con un sistema judicial posiblemente inexperto y deficiente. Queda por ver cómo navegará la nación en estas aguas inciertas.
En cuanto a la lucha contra el crimen, Omar García Harfuch, titular de la SSPC, ha enfatizado que, aunque se avanza, el problema persiste sin resolverse. Esto se presenta como un aliciente para el gobierno. Por otro lado, el partido Morena parece decidido a limitar cualquier espacio a la oposición. Si Ricardo Monreal no toma medidas, podría obligar a incumplir el acuerdo en la Cámara de Diputados sobre el liderazgo del próximo periodo de sesiones, originalmente asignado a un representante del PAN.
En un contexto más amplio, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó argumentos razonables sobre algunas industrias farmacéuticas, aunque sus generalizaciones han generado suspicacias que sugieren que persisten prejuicios ideológicos en la administración.
En tiempos de cambio, es pertinente recordar la frase de Camilo José Cela: “Hay dos clases de personas: quienes hacen la historia y quienes la padecen”, una reflexión que resuena con fuerza en la actual coyuntura.
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