En un paso significativo hacia la modernización de la regulación económica en el país, el Ejecutivo Federal ha presentado ante el Congreso las modificaciones a la Ley Federal de Competencia Económica, alineándose con los recientes cambios constitucionales que buscan fortalecer el marco de competencia en el ámbito nacional.
Una de las medidas más destacables es la reestructuración de la Comisión Nacional Antimonopolio, el órgano encargado de supervisar y sancionar prácticas anticompetitivas. Ahora, la comisión estará conformada por expertos en el área, quienes deberán ser ratificados por el Senado, lo que asegura un mayor nivel de profesionalismo y competencia técnica en sus decisiones. Esto contribuirá a que el país cuente con un organismo autónomo, capaz de llevar a cabo investigaciones y aplicar sanciones de manera efectiva, evitando las influencias políticas.
La ley mantiene la separación entre la unidad de investigación y el Pleno, que son responsables de examinar y resolver los procedimientos, respectivamente. Este enfoque tiene como objetivo garantizar que las investigaciones se realicen de forma imparcial y rigurosa. Además, se otorgan mayores facultades a la autoridad, permitiendo, por ejemplo, el uso de encuestas y sistemas de recolección de datos, así como establecer mecanismos de colaboración con autoridades extranjeras, lo que amplía significativamente su capacidad de acción.
Otro de los cambios importantes es la consideración de ciertos intercambios de información entre agentes económicos como conductas ilícitas, aun sin la existencia de un acuerdo formal, siempre que tengan como finalidad coludirse o segmentar mercados. La definición de monopolios también se ha ampliado para abarcar acciones que busquen limitar la capacidad de competidores en el mercado, lo que fortalecerá la lucha contra prácticas desleales y protegerá a los consumidores.
Asimismo, se abarcará un mayor número de concentraciones empresariales, al reducirse entre el 12.5% y el 17% los umbrales para su notificación. Con criterios más estrictos para evaluar las eficiencias obtenidas en concentraciones, se busca que solamente se consideren favorables aquellos beneficios concretos para los consumidores, siempre bajo una perspectiva duradera y sostenida. En un contexto donde el mercado digital tiene un crecimiento vertiginoso, se establecen criterios específicos para prevenir concentraciones indebidas en este sector.
Las sanciones para quienes incurran en prácticas monopólicas se han incrementado, pasando del 10% al 20% de los ingresos del infractor en casos de prácticas absolutas y del 8% al 15% para las relativas. Además, los infractores podrían ser inhabilitados para participar en contrataciones públicas por períodos que oscilan entre seis meses y cinco años. Las reformas también refuerzan el derecho de los consumidores a interponer acciones colectivas, garantizando así un acceso más efectivo a la justicia.
En conclusión, estas reformas representan un esfuerzo por mantener la independencia técnica de la Comisión Nacional Antimonopolio y por separar claramente las funciones de investigación de las de sanción. Amplían, además, los instrumentos y facultades necesarios para investigar y sancionar conductas anticompetitivas de una manera más rigurosa e incisiva, con un enfoque claro en la defensa de los derechos de los consumidores.
Esta información es relevante hasta la fecha de publicación original, el 2 de mayo de 2025, en un contexto legal y económico que continúa evolucionando en respuesta a las necesidades del mercado moderno.
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