La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) se prepara para discutir, la próxima semana, una serie de impugnaciones relacionadas con la elección judicial. Entre estos casos se encuentran dos impugnaciones contra la implementación de la iniciativa 8 de 8, que busca combatir la violencia de género en el ámbito judicial, y otras 11 impugnaciones presentadas por candidatos que cuestionan las reglas del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre su participación en foros y debates.
Recientemente, el Senado de la República impugnó ante el máximo tribunal electoral el acuerdo INE/CG382/2025, el cual establece un procedimiento para verificar que los aspirantes a cargos en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 no hayan incurrido en delitos de violencia de género, en virtud de la mencionada 8 de 8. El Senado argumenta que dicho acuerdo no debería ser válido, pues sostiene que los Comités de Evaluación ya completaron el proceso de revisión de los aspirantes.
Este reclamo se suma a otro presentado por Nallely Vianey Paredes Suárez, candidata a jueza de distrito por la Ciudad de México. Ambos asuntos han sido asignados al magistrado Felipe Fuentes Barrera para su valoración.
Es relevante mencionar que el pasado 24 de abril, el Consejo General del INE, sin la aprobación de su presidenta, decidió activar un mecanismo para investigar a las candidaturas “sospechosas” en la elección judicial. Esta medida busca cancelar el registro a aquellos candidatos que, por una sentencia firme, hayan sido condenados por delitos de violencia de género, sean deudores alimentarios o estén prófugos de la justicia.
En otro ámbito, el TEPJF ha recibido 11 impugnaciones relacionadas con el acuerdo INE/CG358/2025, el cual establece las reglas para que los candidatos a jueces, magistrados y ministros participen en foros y debates. Dichas reglas permiten la participación en eventos organizados por diferentes sectores siempre que sean equitativos, obligando a invitar a todas las candidaturas del mismo cargo y garantizando la presencia de al menos el 50% de las candidaturas.
Asimismo, se especifica que no podrán ser moderadoras personas que sean servidoras públicas o parte de programas sociales del gobierno. Los encuentros deben ser gratuitos y de acceso libre, prohibiendo la entrega de alimentos o productos que pudieran favorecer a una candidatura en particular, ya que esto podría resultar en la pérdida de la candidatura.
Los casos han sido derivados a la magistrada Janine Otálora Malassis, quien tiene la tarea de establecer la legalidad de las reglas impugnadas. La fecha de publicación de esta información es el 2 de mayo de 2025, y es importante tener en cuenta que los acontecimientos en este contexto podrían haber evolucionado.
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