El gobierno de México logró conservar apenas una mínima parte del acervo artístico de 1,932 obras que fueron propiedad de bancos rescatados por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) hace más de tres décadas. Este conjunto de piezas, que en 1994 fue valuado en 79 millones de pesos, terminó siendo rematado por tan sólo 11 millones de pesos, equivalentes a apenas el 14% de su valor estimado, según datos obtenidos por La Jornada y especialistas en arte. En la actualidad, el valor de muchas de estas obras podría alcanzar varios millones de dólares, lo que acentúa la pérdida patrimonial que significó este proceso para el país.
Las subastas públicas en que se dispersaron las piezas, muchas de ellas realizadas entre 2000 y 2002, estuvieron marcadas por precios notablemente bajos y una escasa transparencia. La galería Louis C. Morton organizó siete remates, en los cuales la totalidad de las obras catalogadas como importantes –171 en total– se vendieron. Estas incluían creaciones de artistas como Rufino Tamayo, David Alfaro Siqueiros, Carlos Mérida, Vicente Rojo, Manuel Felguérez y Francisco Toledo, entre otros. Las subastas atrajeron más por el morbo de conocer los bienes de banqueros como Carlos Cabal Peniche o Ángel Isidoro Rodríguez “El Divino” que por el interés artístico genuino. En muchos casos, se sospecha que algunas obras nunca llegaron a formar parte del inventario oficial, ya que fueron ocultadas o incluso sacadas del país antes de que se pudieran incluir como activos subastables.
De aquel patrimonio artístico, el Estado logró rescatar apenas unas cuantas piezas. Entre ellas destacan dos obras de José María Velasco que estaban en posesión de Banco Unión, un medallón de Emmanuel Tolsá destinado al Museo Nacional de Arte, y dos piezas de arte sacro que se incorporaron al acervo del Museo Nacional del Virreinato. Otra pieza importante, Retrato de mujer (1934) de Siqueiros, fue solicitada en 2002 por la Secretaría de Educación Pública y depositada en el Munal, ya que el Fobaproa no contaba con las condiciones necesarias para conservarla. En contraste, otras piezas como El hombre en rojo, una litografía de Rufino Tamayo, simplemente quedaron almacenadas en bodegas sin ser donadas ni expuestas al público.
Una de las razones que explica esta pérdida fue la falta de interés del Instituto Nacional de Bellas Artes por las obras gráficas, pues sus autoridades manifestaron que sólo les interesaban las pinturas originales. En este contexto, muchas obras quedaron en manos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), el cual no contaba con los recursos ni la infraestructura para custodiar y valorar adecuadamente un patrimonio de tal envergadura. En 2007, el IPAB reconoció que aún mantenía en sus instalaciones unas 399 obras del acervo de Bancrecer, aunque en su mayoría eran reproducciones y piezas decorativas de menor valor, con apenas unas cuantas acuarelas, óleos y litografías originales.
El manejo del inventario también fue objeto de críticas por parte de la Comisión para Investigar el Funcionamiento del IPAB (Cifipab), que en el año 2000 denunció inconsistencias y cambios frecuentes en los listados de obras. La comisión, impulsada por la 57 Legislatura del Congreso, fue frenada por el entonces coordinador del PAN, Felipe Calderón, quien la redujo a una subcomisión sin atribuciones, lo que impidió una fiscalización efectiva del proceso. Años más tarde, en 2006, el IPAB publicó un nuevo inventario en el que se contabilizaban 2,952 piezas, incorporando un mayor número de artículos decorativos y mobiliario, lo que alimentó las sospechas de alteraciones en los registros originales.
La versión final de los inventarios mostró que todas las obras y muebles importantes habían sido vendidas. A 18 años de los últimos reportes, se desconoce el paradero de muchas de las piezas más valiosas, que muy probablemente se encuentran en manos privadas, inaccesibles para el público. La falta de regulación, transparencia y valoración adecuada de los bienes culturales implicó una pérdida irreparable del patrimonio artístico nacional, agravada por la opacidad con que se manejó todo el proceso de rescate bancario y venta de activos por parte del Fobaproa y el IPAB.
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