El gobierno de México ha señalado una alarmante situación en el ámbito de la vivienda, con un total de 933,000 propiedades catalogadas como irregulares a nivel nacional. Esta problemática involucra una serie de complicaciones, que van desde deudas acumuladas hasta la falta de escrituras y procesos legales pendientes, según lo declaró Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
En el marco de la conferencia matutina del Ejecutivo federal, se precisó que de estas viviendas en situación irregular, 131,000 están involucradas en litigios colectivos. Además, 216,000 fueron recuperadas por Infonavit, pero aún carecen de la titulación correspondiente. Otra parte significativa del problema se encuentra en las 497,000 viviendas con niveles de deuda críticos, junto a 89,000 que corresponden a créditos otorgados por el Fondo de la Vivienda del ISSSTE.
Para abordar esta compleja problemática, la Secretaría de Bienestar está llevando a cabo un censo en las zonas afectadas. A fecha del 5 de mayo, se habían inspeccionado 47,845 inmuebles, de los cuales 41,625 están habitados y 6,220 se encuentran desocupados. Los estados más afectados incluyen el Estado de México, Puebla, Chihuahua, Sonora, Hidalgo y Oaxaca.
El diagnóstico que se está realizando busca clasificar cada caso según la condición de ocupación de las viviendas: si son habitadas por el titular del crédito, por terceros con consentimiento o si han sido invadidas. En los casos de viviendas desocupadas, se pretende identificar si han sido abandonadas o si presentan daños.
Con base en la información recabada, se implementarán soluciones diversas. A los ocupantes que son titulares del crédito se les ofrecerán nuevos esquemas de reestructuración, que incluyen el congelamiento de saldos, la reducción de tasas de interés y descuentos en el monto adeudado. Para aquellos que ocupan las propiedades sin ser titulares, las opciones podrían incluir el arrendamiento social con posibilidad de compra, aunque no necesariamente se ofrecerán nuevos créditos debido a su estatus.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado la meta de avanzar en la regularización de estos bienes inmuebles, sobre todo aquellos que no cumplen con las condiciones mínimas de habitabilidad. Subrayó que se buscarán alternativas que beneficien a las familias en situación vulnerable que habitan en estas propiedades.
Romero Oropeza atribuyó el origen de esta crisis a esquemas de financiamiento deficientemente diseñados en administraciones anteriores, agravados por la intervención de despachos de cobranza con prácticas abusivas, además de la participación de intermediarios informales y situaciones de corrupción. Asimismo, muchas de estas viviendas fueron edificadas en áreas alejadas de centros urbanos, sin acceso a servicios básicos, lo que ha llevado a su abandono.
Por su parte, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que más de 1,600 servidores públicos se encuentran desplegados a lo largo del país para completar el censo, abarcando más de mil municipios en las 255 regiones del programa Bienestar. La profundidad de esta problemática y el compromiso gubernamental para abordarla revelan la complejidad del panorama habitacional en México, marcando un punto crucial en la búsqueda de soluciones efectivas para mejorar las condiciones de vida de muchas familias.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
