En el estado de Morelos, el eco de una planta abandonada resuena hoy en los pasillos judiciales. Tres exfuncionarios del gobierno estatal, pertenecientes a la administración 2012–2018, han sido vinculados a proceso por el presunto delito de ejercicio ilícito del servicio público. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción logró que un juez tomara esta determinación, tras una audiencia celebrada el viernes 2 de mayo en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, donde se presentaron pruebas contundentes que apuntan a una cadena de omisiones y negligencias.
Los implicados son Einar Topiltzin “N”, quien fungió como secretario de Desarrollo Sustentable; José Iván “N”, exsubsecretario de Gestión Ambiental; y Noé “N”, quien se desempeñó como director general de Gestión Ambiental. Según las investigaciones, todos ellos habrían incumplido responsabilidades clave vinculadas a la Planta de Valorización de Residuos Sólidos Urbanos ubicada en el municipio de Xochitepec, infraestructura a la que se destinaron casi 40 millones de pesos provenientes de fondos públicos, y que hoy yace inactiva y en ruinas.
La carpeta de investigación detalla que la planta no recibió mantenimiento, ni se operó de acuerdo con los manuales técnicos que debieron regir su funcionamiento. Las fallas no fueron menores. El exsecretario habría fallado en dirigir y supervisar adecuadamente los programas ambientales del estado, incluyendo la estrategia estatal para la gestión de residuos. Mientras tanto, el exsubsecretario no dio seguimiento ni evaluó los convenios celebrados para dicho fin, y el exdirector general se desentendió de coordinar y vigilar las operaciones. La combinación de estas omisiones acabó por sepultar un proyecto que, en teoría, estaba llamado a contribuir a la sustentabilidad ambiental de Morelos.
Más allá del abandono físico del inmueble, la investigación también revela otras deficiencias que agravan el caso: falta de personal capacitado, ausencia de protocolos técnicos y jurídicos, y un total vacío en mecanismos de control. Todo ello configuró un escenario de desorden institucional que no solo frustró los objetivos del proyecto, sino que además causó un daño patrimonial al estado.
Como si no fuera suficiente, hay un componente ambiental que complica aún más el panorama: la planta fue construida dentro de una zona de reserva natural, sin que se informara adecuadamente al entonces gobernador. La zona, clasificada como selva baja caducifolia, resultó afectada por la intervención, y el colapso del proyecto impidió mitigar el impacto ambiental generado. La infraestructura quedó reducida a un símbolo de omisión, opacidad y desinterés por el equilibrio ecológico.
Pese a la gravedad de los señalamientos, y conforme a lo establecido por la Constitución, los tres exfuncionarios conservan su derecho a la presunción de inocencia. Como medida cautelar, deberán presentarse de manera mensual ante la Unidad de Medidas Cautelares, mientras transcurre el plazo de seis meses fijado para cerrar la etapa complementaria de la investigación.
La historia de esta planta, que alguna vez fue anunciada como parte de un esfuerzo por modernizar la gestión de residuos, se convierte ahora en testimonio de cómo las decisiones —o la falta de ellas— en el servicio público pueden terminar sepultando no solo proyectos, sino también la confianza ciudadana.
