En el contexto global de la defensa de los derechos humanos, México se encuentra en una situación alarmante, ocupando el segundo lugar en el mundo por asesinatos de defensores de estos derechos, solo superado por Colombia. En el año 2024, se documentaron 32 asesinatos en México, mientras que Colombia reportó 157. Esta realidad desvela la precariedad y el riesgo extremo que enfrentan quienes luchan por la justicia y los derechos colectivos.
El análisis del Global Analysis 2024/25 de Front Line Defenders detalla que países como Guatemala (29 casos), Palestina (22), Brasil (15), Perú (9), Pakistán (7) y Somalia (6) también enfrentan altos niveles de violencia contra defensores. En México, la violencia y la criminalización han intensificado las condiciones adversas para quienes defienden los derechos, siendo especialmente preocupante la situación de los defensores indígenas, quienes son blanco de amenazas y procesos judiciales injustos.
La criminalización de estos defensores refleja una estrategia sistémica donde el Estado favorece intereses empresariales, en vez de ofrecer protección. Esto se agrava con un sistema de justicia penal que perpetúa un racismo estructural, negando un enfoque intercultural y provocando que las comunidades indígenas pierdan a sus líderes en cárceles lejanas, rompiendo así el tejido social.
Adicionalmente, el reporte subraya la existencia de agresiones contra defensores de derechos de migrantes, quienes enfrentan redes delictivas y trata de personas. Casos destacados de este informe revelan sentencias desproporcionadas, como la de Versaín Velasco García, un defensor maya tzotzil condenado a 58 años por denunciar abusos en su comunidad, y Tomás Martínez Mandujano, un defensor otomí sentenciado injustamente a 43 años por oponerse al despojo de tierras.
A nivel mundial, el año 2024 registró un total de 324 defensores asesinados en 32 países. De estos, el 84.6% eran hombres, mientras que un 13.3% eran mujeres y un 1.2% personas trans o de género no conforme. La mayoría de los homicidios (54.6%) fueron perpetrados por actores no estatales, evidenciando una complejidad en la violencia donde se entrelazan intereses criminales con la falta de protección estatal.
El sector más afectado fue el de los defensores de tierras, con un 20.4% de los asesinatos registrados, seguido por aquellos que luchan por los derechos de los pueblos indígenas (17.9%) y por la documentación de violaciones a derechos humanos en situaciones de conflicto armado (5.2%).
Las cifras y relatos aquí expuestos no solo son un reflejo de la lucha por la justicia en México, sino un llamado a la necesidad de protección y reconocimiento de los derechos de aquellos que se ven obligados a arriesgar sus vidas por el bienestar de sus comunidades. La información presentada corresponde a 2024, materializada en el análisis que ilustra un panorama que requiere atención inmediata y sustantiva.
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