El Consejo General del INE se encuentra en la antesala de una decisión clave: se prevé que rechace la solicitud de los líderes del Congreso de la Unión de cancelar las candidaturas de 26 aspirantes al Poder Judicial, quienes presentan perfiles considerados riesgosos. Esta situación se origina de la determinación del Instituto Nacional Electoral de que no posee facultades para retirar candidaturas, responsabilidad que recae en los comités de evaluación previamente establecidos.
Durante una reunión privada, los consejeros acordaron discutir la solicitud presentada por los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, respectivamente, quienes argumentan que 18 de los aspirantes no cumplen con el requisito constitucional de buena reputación y 8 más no alcanzan el promedio general de calificación necesario.
Sin embargo, la mayoría de los consejeros del INE indican que presentarán un proyecto que probablemente rechazará esta solicitud. Su argumento se basa en la falta de atribuciones del Instituto para revocar o cancelar candidaturas judiciales en periodo electoral. Además, se destaca que no hay normativas que permitan al INE corregir decisiones de otros órganos del Estado, en este caso, el trabajo realizado por los comités de evaluación del poder legislativo.
Por otro lado, a menos de un mes de las elecciones judiciales en 19 entidades del país, varias de ellas, incluyendo Zacatecas, Nayarit, San Luis Potosí y Veracruz, enfrentan serios retos económicos. Estos organismos electorales están catalogados como de riesgo alto en materia presupuestaria, lo que pone en jaque la organización de sus procesos electorales.
Zacatecas, en particular, ha sufrido recortes presupuestarios significativos que han impactado su capacidad operativa y la logística de las elecciones. San Luis Potosí también se enfrenta a dificultades, pues aún no ha conseguido los recursos necesarios para cubrir la totalidad de los gastos relacionados con las próximas elecciones judiciales.
Esta situación subraya la compleja realidad en la que se desarrollan las elecciones, un proceso vital para el funcionamiento del sistema judicial y la institucionalidad del país, ahora más complicado por la falta de recursos y la incertidumbre en cuanto a la elegibilidad de los candidatos.
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