El crimen organizado es un tema recurrente en el discurso político contemporáneo en México, sobre todo en las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde su campaña electoral, se comprometió a abordar este fenómeno, no sólo atacando sus redes de operación, sino también atacando sus causas sociales. Sin embargo, recientes eventos han traído de nuevo al crimen organizado al centro del debate nacional: la revocación de la visa de la gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila, el traslado de 18 familiares del narcotraficante Ovidio Guzmán a Estados Unidos con la aparente protección de ese gobierno, y los asesinatos de políticos de diversos partidos.
Este fenómeno no se limita a las fronteras de México; es una problemática global. De acuerdo con el Índice Global de Crimen Organizado 2023 de la ONU, el 83% de la población mundial reside en áreas de alta criminalidad, un incremento con respecto al 79.4% de 2021. Además, el informe de Interpol 2024 señala un aumento en el narcotráfico sintético, la trata de personas y los delitos cibernéticos, revelando que seis de cada diez personas viven en países que carecen de capacidad para resistir al crimen organizado. Este contexto sugiere que el crimen ha evolucionado hacia una economía paralela, global y estructural.
A nivel mundial, los líderes de diversas naciones han prometido erradicar el crimen organizado; sin embargo, los hechos demuestran que ningún país ha logrado eliminarlo por completo. Esta realidad sugiere que el crimen organizado no es meramente un fenómeno de violencia o tráfico de drogas, sino un sistema que genera aproximadamente 870,000 millones de dólares al año, superando el PIB de países como Suiza o Argentina, colocándolo como la decimonovena economía mundial.
Las mafias italianas invierten en bancos europeos, mientras que las organizaciones colombianas, aunque fragmentadas, continúan exportando cocaína. En Rusia, el crimen está imbricado con el Estado, y en Japón, la Yakuza ha evolucionado de la extorsión callejera a actividades financieras sofisticadas. En Estados Unidos, el debilitamiento de la Cosa Nostra ha dado paso a redes de fraude digital y cárteles mexicanos operando en ciudades estratégicas.
En el caso de México, la producción de fentanilo y metanfetamina, el tráfico de drogas y personas, así como el lavado de dinero a través de redes internacionales, muestran que los cárteles han alcanzado un nivel de sofisticación alarmante, controlando territorios, financiando campañas políticas y manipulando mercados de productos locales como aguacates y madera.
La respuesta del gobierno actual ha tomado un enfoque más integrado que en administraciones pasadas. Lejos de recurrir a la militarización, la estrategia se basa en una doble vía: atención a las causas del reclutamiento criminal y debilitamiento de las redes operativas y financieras, complementada por la captura de líderes criminales. La implementación de programas sociales, como becas y pensiones, busca ofrecer alternativas viables para la población vulnerable, mientras que las entidades de seguridad cuentan con mandos civiles y militares capacitados internacionalmente.
Afrontar la complejidad del crimen organizado exige reconocer la limitación de los gobiernos; el objetivo realista no es su exterminio total, sino controlar su violencia, reducir su influencia territorial y minimizar su capacidad de corrupción sobre gobiernos locales. La lucha no se orienta hacia la eliminación del crimen, sino hacia la prevención de su dominio sobre comunidades, lo que exige un enfoque genuino y comprometido por parte de cualquier administración. A medida que la situación evoluciona, la necesidad de un análisis crítico y un enfoque innovador se vuelve cada vez más evidente.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
