Hungría introduce ley contra ONGs independientes

Las organizaciones de la sociedad civil en Hungría se encuentran en una encrucijada crítica ante el reciente proyecto de ley propuesto que, según expertos y activistas, podría tener implicaciones devastadoras para la democracia y la libertad de expresión en el país. Este proyecto, que amenaza con penalizar a los grupos que acepten financiación extranjera, es visto como un claro intento de silenciar a aquellos que buscan influir en el debate democrático o criticar al gobierno.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha indicado que su partido está en marcha con una “limpieza de primavera” para erradicar las influencias negativas en el país. En declaraciones realizadas durante una celebración nacional, prometió depurar la maquinaria financiera que, según él, ha sido infiltrada por “dólares corruptos” destinados a políticos y activistas que no se alinean con su visión.

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El proyecto de ley, que resulta de la iniciativa del eurodiputado asociado al partido Fidesz, János Halász, exige que las organizaciones que reciban fondos del extranjero y sean consideradas una amenaza para la soberanía húngara sean listadas públicamente. Aquellas en esta lista se enfrentarán a sanciones severas, que pueden incluir multas de hasta 25 veces el monto de la ayuda recibida y la pérdida del derecho a recibir hasta el 1% del impuesto sobre la renta.

Lo alarmante de esta propuesta es la ambigüedad con la que se define lo que constituye una amenaza a la soberanía. Términos como “influir en el debate democrático” son tan amplios que cualquier intento de crítica al gobierno podría ser circunscrito bajo esta norma peligrosa.

Analistas advierten que esta ley no solo pone en riesgo a las organizaciones no gubernamentales, sino que también abre la puerta a una vigilancia extrema y al acoso de cualquier individuo que se atreva a cuestionar al gobierno. En un contexto donde muchos medios de comunicación y ONG dependen de fondos del exterior para operar, la regulación restrictiva puede convertirse en una herramienta utilizada para desmantelar la crítica y la disidencia.

Desde 2010, el gobierno de Orbán ha tomado medidas sistemáticas para desmantelar los medios de comunicación independientes y construir un imperio mediático que emita únicamente mensajes favorables a su administración. Las subvenciones estatales a la publicidad en medios están claramente sesgadas en favor de aquellos alineados con el gobierno, lo que deja a la prensa independiente en una posición financiera precaria.

Las repercusiones de esta situación se ven amplificadas por las elecciones que se avecinan, donde Orbán se enfrenta a un nuevo partido, Tisza, que ha ganado terreno en las encuestas. La economía húngara ha estado lidiando con un estancamiento prolongado, lo que crea un panorama aún más complicado para el primer ministro en un clima político tenso.

El proyecto de ley, que ha suscitado preocupación tanto a nivel nacional como internacional, representa un ataque frontal a la sociedad civil en Hungría. Expertos en derechos humanos y democracia alertan que, si se implementa, podría desencadenar una ola de represión que afecte gravemente a las libertades civiles y la sostenibilidad de una prensa libre.

El contexto político y social actual en Hungría, junto con la estrategia del gobierno para consolidar el poder, hacen que los próximos meses sean cruciales para el futuro de la democracia en el país.

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