La inclusión financiera ha sido un tema recurrente en el país, volviendo a liderar las discusiones en recientes encuentros como la Convención Bancaria. En un contexto donde la economía mexicana enfrenta la persistente problemática de la baja penetración bancaria, es vital reconocer la relevancia de abordar este asunto. A pesar de que el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita supera los 11,000 dólares, el acceso a servicios bancarios se sitúa en niveles decepcionantes. Apenas el 49% de los adultos en México posee una cuenta bancaria; una cifra alarmante si se compara con más del 80% de naciones como Brasil, Sudáfrica o Chile.
Esta desconexión entre el desarrollo económico y el acceso a servicios financieros es notable y convierte a México en un caso peculiar, donde el crecimiento y la estabilidad macroeconómica no se han reflejado en una democratización efectiva del sistema financiero. La baja bancarización es un problema multifacético que no puede atribuirse a una sola causa. El sistema financiero enfrenta desafíos desde la oferta y la demanda. A pesar del auge de las fintech y el surgimiento de numerosas startups que han canalizado inversiones significativas, la penetración financiera sigue siendo inadecuada.
Desde la crisis de 1994-95, la banca mexicana ha adoptado un enfoque extremadamente adverso al riesgo. En gran medida, la propiedad extranjera de muchos bancos ha influido en esta actitud. Con tasas de rentabilidad (ROE) que fluctúan entre el 18 y el 20%, muy por encima de la media observada en economías semejantes, la banca ha encontrado suficiente rentabilidad operando en segmentos formales y de ingresos altos, donde los costos y riesgos son más bajos. Esta situación ha llevado a que no existan incentivos claros para expandir su alcance a sectores de la población más amplios, lo que perpetúa la exclusión.
Por otro lado, la demanda también presenta sus propios retos. Según análisis de expertos, el entorno fiscal y de protección social en México genera incentivos que llevan tanto a empresas como a trabajadores hacia la informalidad. Los costos asociados a la formalidad, que incluyen cuotas patronales y una pesada carga impositiva, desalientan a muchas personas, incluso de ingresos medios, a formalizar su situación. Este fenómeno no solo repercute en la recaudación fiscal, sino que también limita la demanda de servicios financieros. Quienes operan en la informalidad encuentran obstáculos significativos para acceder al sistema bancario, ya que carecen de comprobantes de ingresos y de un historial crediticio confiable. Así, una gran parte del mercado potencial de ahorro y crédito formal queda excluido.
A medida que se planea una nueva campaña nacional para fomentar la inclusión financiera, es crucial tener en cuenta estos factores estructurales. Las buenas intenciones son un primer paso, pero no son suficientes por sí solas. Aunque las campañas de educación financiera pueden ser valiosas, el verdadero cambio radica en abordar las causas profundas que perpetúan la exclusión financiera en el país. La fecha de esta información corresponde a 2025-05-15 00:36:00, lo que invita a la reflexión sobre lo que se ha avanzado o sobre los retos que aún persisten en el camino hacia una mayor inclusión financiera en México.
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