Megacable Holdings, una de las principales empresas de telecomunicaciones en México, ha emitido un contundente aviso respecto a los posibles efectos de la política gubernamental sobre la competencia en el mercado de telecomunicaciones y las finanzas públicas del país. La preocupación central radica en la intención del Estado, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de expandir sus servicios hacia la comercialización de Internet y telefonía fija, apoyándose en la infraestructura de red que ya posee y que está en proceso de modernización.
El director general de Megacable, Enrique Yamuni, ha expresado que la empresa podría ser seriamente perjudicada si se lleva a cabo una reforma que permita a CFE y Altán ofrecer el servicio de última milla alámbrica. Destacó que una reforma en estos términos podría desincentivar las inversiones en el sector, volviendo menos atractivo a México para potenciales inversores. Megacable, que se posiciona como el cuarto operador en telefonía fija y el tercero en Internet de banda ancha, aboga por una cooperación mediante asociaciones público-privadas que fomenten un desarrollo de infraestructura enfocado en el bienestar social, en lugar de permitir una competencia desleal.
Con un plan quinquenal que abarca una inversión de 2,500 millones de dólares entre 2022 y 2027, Megacable ha invertido ya 118 millones de dólares en sus redes de fibra óptica en el primer trimestre de 2025. Este esfuerzo no es aislado; otras empresas del sector como Izzi Telecom, Telmex y Totalplay han inyectado, en conjunto, 1,893 millones de dólares en sus propias redes en 2024.
El gobierno ha identificado a 14.6 millones de mexicanos sin una conexión digna a Internet y planea utilizar la infraestructura de la CFE para mejorar esta situación. No obstante, esta estrategia presenta desafíos financieros significativos. La CFE actualmente opera con 41,737 kilómetros de red de fibra óptica y 106,909 kilómetros de su propia red nacional de transmisión eléctrica, lo que le da una ventaja tecnológica, pero también enfrenta obstáculos en la implementación de la última milla de conectividad necesaria para llegar a los hogares.
Yamuni ha señalado que, aunque el análisis gubernamental es acertado, las soluciones propuestas podrían no ser las adecuadas. En su visión, el mejor camino para el gobierno es fomentar colaboraciones con empresas del sector privado para lograr una cobertura social efectiva.
Con la economía mexicana enfrentando desafíos, Yamuni ha planteado que las inversiones para la última milla son costosas y que el gobierno debería considerar alternativas más eficientes, como ofrecer tickets electrónicos a los usuarios para acceder a servicios de proveedores privados. Esta propuesta sugiere que, en lugar de arriesgarse a incurrir en altísimos costos para desarrollar infraestructura propia, el Estado debería facilitar que los ciudadanos elijan entre las ofertas de empresas que ya han realizado las inversiones necesarias.
Este análisis resalta la complejidad del entorno de las telecomunicaciones en México en 2025, donde se libra una batalla no solo por la cuota de mercado, sino también por el futuro desarrollo de la infraestructura esencial para conectar a millones de mexicanos todavía excluidos del acceso a la información y la tecnología.
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