En el centro de Washington, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes se encuentra inmersa en un proceso decisivo para la aprobación del ambicioso paquete fiscal propuesto por Donald Trump. A pesar de haber enfrentado un revés la semana pasada debido a divisiones internas dentro del partido republicano, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, ha expresado su optimismo en lograr un acuerdo sobre los requisitos laborales para Medicaid. La meta es aprobar esta significativa iniciativa antes del próximo lunes 26, coincidiendo con el Día de los Militares Caídos.
Este paquete fiscal contempla la extensión de los recortes impositivos de 2017, los cuales incluyen una notable reducción del impuesto corporativo del 35% al 21%. También se proponen cambios drásticos como la eliminación de impuestos sobre propinas y horas extra, la imposición de un gravamen del 5% a las remesas enviadas por migrantes no ciudadanos, así como un endurecimiento del acceso a Medicaid. Además, se prevé una prohibición por 10 años para que los gobiernos estatales regulen el uso de la inteligencia artificial.
Los analistas advierten sobre las posibles consecuencias económicas de esta legislación. Se estima que podría incrementar la deuda estadounidense entre 3 y 5 billones de dólares en la próxima década. Moody’s ya ha tomado medidas drásticas al degradar la calificación crediticia de EE.UU. En respuesta, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha hecho declaraciones destinadas a calmar inquietudes, insistiendo en que el crecimiento económico previsto mitigará el déficit. Esta potencial deuda aumentaría sobre los actuales 36.2 billones de dólares, alcanzando así un alarmante 134% del PIB para el año 2035.
El impacto de este pacote es particularmente relevante para México. En 2024, México registró remesas que superaron los 64.7 mil millones de dólares, equivalentes a 1.26 billones de pesos. Si se aplica el prometido impuesto del 5%, los flujos de remesas podrían verse reducidos en un rango de entre 63,000 y 126,000 millones de pesos, afectando a aproximadamente 4.9 millones de hogares en México, que podrían perder cerca de 19,000 pesos al año. Este ingreso es esencial para muchas familias y tendría un impacto significativo en el consumo a nivel nacional.
A su vez, el incremento del déficit en EE.UU. podría acarrear un aumento en las tasas de interés a nivel global, afectando así el costo de la deuda pública y privada en México. Además, mantener impuestos bajos a empresas en EE.UU. restaría competitividad al país azteca, impulsando a proyectos de nearshoring a trasladarse al norte. Finalmente, una regulación federal que promueva el uso de la inteligencia artificial sin una supervisión adecuada podría llevar a que México importe tecnologías sin suficientes controles, lo que plantea riesgos en términos de privacidad y justicia en decisiones automatizadas.
Por si no fuera suficiente, el líder de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, ha hecho comentarios que han suscitado críticas. En su autocomplacencia, sugirió que la negativa inicial al plan fiscal se debió, en parte, a la “posición firme” del gobierno mexicano. Sin embargo, la idea de que México haya influido en las decisiones internas del Congreso de EE.UU. en un contexto de billones de dólares es considerada absurda, como si se pensara que la Reserva Federal de EE.UU. consulta a su contraparte mexicana antes de realizar cambios en las tasas.
El paquete fiscal de Trump todavía tiene un camino por recorrer, y hay voces en México, como la de Monreal, que deberían considerar la necesidad urgente de prepararse ante las posibles repercusiones de esta legislación. Las decisiones que se tomen en EE.UU. son reflejo de ideologías que repercuten en México, donde el margen de maniobra económica se va haciendo cada vez más estrecho.
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