Un grupo plural de nueve senadores mexicanos ha comenzado una intensa jornada de cabildeo en Washington D.C., con el propósito de expresar su firme rechazo a la propuesta estadunidense de gravar las remesas con un impuesto del 5%. Esta actividad, iniciada el 20 de mayo de 2025 y que finalizará el 21 del mismo mes, busca proteger los intereses de millones de mexicanos que dependen de estos recursos enviados desde el extranjero.
La senadora Andrea Chávez Treviño, vocera del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), utilizó las redes sociales para comunicar que el motivo principal de su visita es posicionar al Senado de México en contra de esta medida considerada “dañina”. Destacó que este dinero, fruto del trabajo arduo de los migrantes, es un recurso sagrado que debe ser defendido con vigor.
Con el respaldo del embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, la delegación se reunió en el Instituto Cultural Mexicano para discutir su agenda de trabajo, la cual incluye encuentros con distintos legisladores y miembros de la sociedad civil. Este esfuerzo está alineado con el compromiso del Estado mexicano de proteger los derechos de su comunidad migrante, así como de rechazar cualquier iniciativa que amenace su bienestar y aporte a la economía de ambos países.
Uno de los legisladores, Ignacio Mier, destacó la productividad de las reuniones ya realizadas, enfatizando la defensa de sus “hermanos y hermanas mexicanos” en EE. UU. Argumentó que la propuesta del 5% no solo afectaría a los migrantes, sino que también podría fomentar canales informales para el envío de dinero, lo que podría resultar en problemas adicionales relacionados con la delincuencia organizada.
En esta comitiva también participan senadores de diversas fuerzas políticas, incluyendo el PAN, PRI, PVEM, PT y MC. Entre ellos se encuentran Mauricio Vila, Cristina Ruíz y Amalia García, quienes vienen a unir fuerzas en la defensa del interés migratorio.
Por su parte, Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, ha criticado la sugerencia de imponer un arancel a las remesas, refiriéndose a ella como una medida “discriminatoria e injusta”. Jara recordó que los migrantes ya aportan impuestos en Estados Unidos y que imposiciones adicionales perjudicarían a muchas familias oaxaqueñas que dependen de las remesas. En este contexto, mencionó que en el último año los migrantes enviaron cerca de 63,000 millones de dólares en remesas, provenientes en su mayoría de EE.UU., contribuyendo de manera significativa a la economía mexicana.
Estas acciones y pronunciamientos reflejan una clara preocupación por las repercusiones que podría tener la propuesta de gravar las remesas, evidenciando la disposición del gobierno mexicano para encabezar una defensa firme en apoyo a sus ciudadanos en el extranjero. La incertidumbre ante esta situación continúa mientras las negociaciones en Washington D.C. se desarrollan.
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