El reciente asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, quienes eran la secretaria particular y el asesor de la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, ha puesto de manifiesto la alarmante vulnerabilidad que enfrentan aquellos que trabajan en el ámbito político en México. El crimen ocurrió a primera hora de la mañana cuando un sicario se acercó a su vehículo y abrió fuego en repetidas ocasiones. Las cámaras de seguridad capturaron únicamente a un atacante, lo que deja abierta la duda respecto a posibles cómplices. Posteriormente, se encontraron una motocicleta y una camioneta abandonadas, que al parecer fueron utilizadas para la fuga. La presidenta Claudia Sheinbaum ha prometido que no habrá impunidad, pero, hasta ahora, no se ha realizado ninguna detención. La pregunta que surge es: ¿qué tan amenazantes eran para que alguien optara por silenciarlos de esta manera? ¿En qué estado se encuentra un sistema en el que ni los colaboradores están a salvo?
Este trágico caso se inscribe en un contexto más amplio. La violencia política en México se ha intensificado y ya no se limita a campañas electorales o áreas rurales; ahora, funcionarios y sus colaboradores en el centro del país también se ven afectados. Informes de diferentes medios indican que los homicidios en la Ciudad de México han experimentado un ligero incremento durante el primer trimestre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior.
El año 2024 se recordará como uno de los más violentos en la historia reciente del país, con cifras que indican entre 22 y 38 asesinatos de candidatos, de acuerdo a diversas fuentes. La organización Data Cívica ha documentado hasta 1,777 casos de violencia política desde 2018 hasta abril de 2024, incluyendo no solo homicidios, sino también amenazas, secuestros y atentados contra políticos.
Más allá de los números, la raíz del problema es estructural. Según Human Rights Watch, la tasa nacional de esclarecimiento de homicidios en México es de aproximadamente 17%. Esto implica que, de un total de cerca de 30,000 asesinatos anuales, solo entre 5,000 y 5,500 se procesan judicialmente. Sin embargo, procesar no equivale a condenar; muchos de estos casos nunca llegan a tener una resolución. Por lo tanto, organizaciones como Impunidad Cero estiman que la verdadera tasa de impunidad —casi absoluta— supera el 90%, y en los crímenes políticos, ese porcentaje podría ser aún mayor.
El caso de Guzmán y Muñoz se suma a una larga lista de víctimas que han quedado sin justicia. Al igual que en incidentes recientes, como el asesinato de Yesenia Lara, candidata morenista a la presidencia municipal de Texistepec en Veracruz, el patrón de impunidad se repite: crimen organizado, un marco legal y autoridades sobrepasadas, junto a discursos gubernamentales que no llevan a ninguna consecuencia real.
La retórica de "abrazos, no balazos", promovida durante el anterior gobierno, se enfrenta a la dura realidad de un país donde el dominio criminal ha tomado las riendas. Los cárteles no solo compiten por rutas y mercados; también deciden quiénes son los candidatos, imponen condiciones y eliminan a quienes consideran un obstáculo, además de financiar campañas políticas.
Ante esta alarmante realidad, las promesas de justicia pierden su valor si no se traducen en acciones concretas. Se requieren reformas profundas: es urgente fortalecer las fiscalías, profesionalizar a las fuerzas policiales, brindar protección a los candidatos y funcionarios, y, lo más importante, desvincular las actividades del crimen organizado de la política. Mientras no se logre esto, las promesas de "no impunidad" seguirán siendo declaraciones vacías, repetidas por gobiernos de todas las tendencias sin que se materialicen en justicia para las víctimas.
Nota: La información proporcionada se basa en datos y contextos de la fecha de publicación original (2025-05-20 23:03:00).
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